La difusión de las cifras definitivas que arrojó la consulta popular sobre el desempeño de los políticos del pasado deberá aguardar, en virtud de que se han presentado recursos jurídicos en contra de la organización y desempeño que tuvo el Instituto Nacional Electoral (INE).
En su momento esas quejas deberán ser resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Sólo hasta entonces se podrán remitir, formalmente, los resultados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En los recursos promovidos por particulares en contra del producto emanado del cómputo distrital de la votación por la consulta popular, se acusa al INE de que la papeleta no cumplió cabalmente con los requisitos de ley, de no haber desplegado el número de mesas receptoras para recabar las opiniones necesarias y que garantizara la participación de los ciudadanos, así como la falta de difusión del proceso.
De entrada, se señaló que la boleta que fue utilizada no incluía la figura de la abstención como una de las alternativas del ciudadano al momento de acudir a las urnas. Asimismo, en el recurso promovido se advierte que no se contaba con la información necesaria para ubicar a las mesas receptoras.
Parte medular de los agravios que se argumentan en el documento se centran en las deficiencias que se detectaron en el despliegue de casillas, las cuales, entre otras, destaca que se movieron de lugar “sin previo aviso, por lo que hubo largos desplazamientos, los cuales variaron desde los 2 hasta los 10 kilómetros”.
Además, faltó capacitación a los funcionarios de mesas en diversos órdenes, entre ellos, para que hicieran con efectividad la búsqueda del ciudadano en el listado nominal.
También se denunciaron las fallas que se detectaron en la tinta indeleble que se utilizó el 1º de agosto, al igual que folios faltantes en las papeletas, ya que eran 2 mil en un principio, pero en algunos casos se entregaron menos en las mesas receptoras.
