La eventual remoción de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como lo ha planteado el Ejecutivo, requeriría necesariamente una reforma constitucional –como las de 2007 y 2014–, o bien la promoción de juicios políticos para fundamentar la destitución.
En ambos casos, Morena necesitaría contar con los votos necesarios para una mayoría calificada, que no cuenta en el Senado ni en la próxima integración de la Cámara de Diputados.
“Que el Presidente señale que no le tiene confianza a los consejeros y magistrados es una apreciación de su parte. Ambos tienen, como cualquier servidor público, la obligación de rendir cuentas y explicar cada una de las decisiones que adoptaron. Sólo que en este caso los diferendos que generaron la molestia tienen que ver con la aplicación de disposiciones establecidas en la Constitución”, sostuvo la ex consejera del INE, Pamela San Martín.
Si de esto se desprende que existe pretensión de quitarlos “se tiene que asumir que se debe recorrer la ruta del juicio político, con las condiciones constitucionales que establecen una mayoría calificada o asumir que en el funcionamiento del INE, los procesos de designación y remoción de consejeros se desprenden de artículos constitucionales, esto es, se requiere una reforma constitucional avalada por mayoría calificada en el Congreso”.
Las autoridades electorales han sido removidas en 2008 y 2014, como consecuencia de sendas reformas que involucraron cambios constitucionales avalados por las dos terceras partes del Congreso.
Después de las polémicas elecciones de 2006 se procesó una reforma constitucional que introdujo condiciones de mayor equidad a partir de un nuevo modelo de comunicación política y otras modificaciones para restringir la promoción de funcionarios que conformaron mejores condiciones de equidad para los partidos, recuerda San Martín.
Ese fue el contexto en el que se removieron a seis de los nueve consejeros del entonces Instituto Federal Electoral, lo cual no fue una decisión idónea para la autoridad en la materia, pero la ex consejera destacó que en aquella integración había un problema de origen: su designación excluyó al PRD, lo que rompió el consenso que requiere el árbitro electoral para generar confianza a las fuerzas políticas.
En 2014 una nueva reforma electoral para crear al INE implicó remover a cuatro consejeros, aunque por acuerdo en el Congreso se volvió a designar a tres de ellos en la nueva institución. Es decir, destacó San Martín, “de nuevo fue a partir de una reforma la ruta para modificar la integración de la autoridad electoral”.
En este caso, aseguró que ha habido posicionamientos de retirar a consejeros y magistrados, así como para realizar una reforma, lo cual es válido. Mediante cambios se ha desarrollado el sistema electoral, pero habría que esperar los términos para iniciar su discusión y los alcances de las modificaciones.
