Encargado de dotar de certidumbre a la vida electoral, durante 25 años de existencia, la historia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se ha caracterizado por las turbulencias, intrigas palaciegas e inestabilidad en su conducción. En ese periodo, 12 magistrados ocuparon la presidencia, siete de los cuales dimitieron en medio de sospechas de corrupción, de conductas irregulares o presiones políticas que rompieron la tradicional opacidad y sigilo de su vida interna.
Aunque en las tres integraciones de ese cuerpo colegiado se han registrado luchas intestinas, particularmente en este último periodo, la agitación ha desbordado la institucionalidad: cuatro presidentes en cuatro años y medio. El último, José Luis Vargas, está en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera y con la reapertura de una investigación en la Fiscalía General de la República por enriquecimiento ilícito.
Los conflictos que han estallado en el TEPJF no han respetado los tiempos electorales ni las responsabilidades institucionales. Septiembre 30, 2005: Faltaba sólo una semana para el inicio de los comicios más polémicos del siglo.
En apariencia sin contratiempos, a menos de un año de su designación, Eloy Fuentes Cerda dimitía sorpresivamente a la presidencia en sesión privada. Aún con pudor institucional se notificaba que la renuncia obedecía a estrictas “razones personales” y en aras de la imagen del Tribunal no se dieron mayores detalles. Pronto trascendieron las suspicacias de sus colegas sobre malos manejos administrativos como causa de su intempestiva salida. Leonel Castillo ocupó su lugar.
En 2007 se renovó el órgano y Flavio Galván Rivera –quien fungió como secretario general de acuerdos en la resolución de las elecciones de 2006– asumió la presidencia. Su experiencia en el TEPJF le permitió alcanzar el encargo que ejercería tan sólo nueve meses.
En ese lapso se desató un escándalo relacionado con una operación inmobiliaria del TEPJF para adquirir un edificio. En la triangulación se detectó que la coordinadora de asesores de Galván, Norma Inés Aguilar, estaba involucrada en una operación irregular con evidente conflicto de intereses. Acorralado por sus colegas, en reunión privada, fue obligado a abdicar, aunque pactaron una salida institucional: renuncia a la presidencia por causas de salud, fue la versión oficial. Galván fue marginado prácticamente los 10 años de su gestión como magistrado.
María del Carmen Alanís fue electa sucesora al cargo quien después de las tribulaciones de sus dos antecesores, por fin completó su periodo. Confiada en su gestión, intentó su relección, en apariencia con una mayoría holgada para alcanzarla. Ajena a la confabulación de sus colegas, exhibió en público la soledad en que se encontraba: sólo ella voto a su favor. Alejandro Luna Ramos fue electo por el resto de los magistrados.
En 2016 se designó la actual conformación del TEPJF en medio de un irregular proceso de selección pues una vez concluido, el Senado amplió de forma irregular el periodo de tres magistrados. Presagio del agitado periodo en curso. Janine Otálora fue designada en 2016 presidenta por el periodo 2016-2020, un lapso convulso que muy pronto dividió al órgano, partido en dos bloques y con la presidencia en condición minoritaria.
Mal augurio para procesar las elecciones de 2018 que profundizaron las diferencias, con Vargas como su principal detractor público y cabeza de la operación soterrada para debilitar la presidencia de Otálora. Las polémicas en torno a las candidaturas independientes, el fideicomiso de vivienda creado por Morena y la polémica sobre la elección de gobernador en Puebla, fracturaron más los respaldos a la presidenta y en medio fuertes tensiones internas y presiones políticas renunció.
Felipe Fuentes Barrera fue designado para concluir el periodo, por lo que sólo estuvo al frente poco menos de dos años.
Aún como parte del bloque mayoritario, Vargas emergió como nuevo presidente del TEPJF, hasta que, los inevitables ciclos de la agitada vida interna del Tribunal lo alcanzaron, prácticamente aislado.
