Para la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los fabricantes de armas que fueron demandados en Estados Unidos por el gobierno mexicano tratarán de deslindarse de cualquier responsabilidad en el tráfico ilícito de sus productos a México y de los daños que ocasionan.
En respuesta a la Asociación Industrial del Comercio de las Armas (NSSF, por sus siglas en inglés), que el miércoles rechazó en un comunicado los procedimientos legales iniciados en su contra por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los tildó de acusaciones infundadas, la SRE manifestó que en el litigio “se probará que las empresas demandadas incurren en prácticas ilícitas y negligentes. La Corte conocerá los hechos y las evidencias, no los mensajes superficiales que pretenden legitimar su enriquecimiento desmedido a costa de la muerte de cientos de personas”.
En una nota informativa, la dependencia señaló que se esperaba que los productores de armas tratarían de litigar el asunto en medios y no en cortes, donde ante un juez se tendrá que valorar la evidencia existente. Expuso que casi todas las armas recuperadas en las escenas del crimen en México –entre 70 y 90 por ciento– fueron traficadas desde Estados Unidos.
La demanda incluye a los seis fabricantes basados en Estados Unidos, cuyas armas se recuperan con más frecuencia en México –Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock y Ruger. Otro fabricante demandado es Barrett, cuyo rifle de francotirador calibre 50 es un arma de guerra apreciada por los cárteles de la droga. El otro acusado –Interstate Arms– es un mayorista del área de Boston, mediante el cual todos los fabricantes demandados, excepto uno, distribuyen su arsenal en todo Estados Unidos.
La SRE puntualizó que el gobierno mexicano no está en contra del comercio de armas, lo que busca es un mercado responsable y que se instauren medidas más estrictas.
