Ciudad de México. El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), a través de su equipo jurídico, lamentó el papel que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha desempeñado al defender “resoluciones ilegales” de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en contra de esa organización, encabezada por Napoléon Gómez Urrutia.

Carlos de Buen, uno de los abogados del sindicato, indicó que cuando la dependencia “sale a defender resoluciones de la JFCA, demuestra que no tiene ninguna independencia y el viejo sistema que ha mostrado ser muy negativo, del que nos hemos quejado tanto a lo largo de muchos años, sigue ahí”.

En conferencia de prensa, donde participó vía remota, añadió que en lugar de dejar a la presidenta de la JFCA, María Eugenia Navarrete Rodríguez, “defienda lo que realmente es indefendible, sale la Secretaría del Trabajo a decir que esas resoluciones son legales. No deja de sorprendernos la actitud” de la dependencia.

Por otra parte, Nahir Velasco, coordinador jurídico del gremio, consideró incluso que Arturo Alcalde Justiniani ha tomado un papel protagónico en contra del Sindicato Nacional Minero demostrando su animadversión hacia éste, de acuerdo con una conversación de un chat filtrado, que exhibió.

“Nos da mucha pena señalar esta condición porque Arturo Alcalde –padre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde– es abogado laborista, pero no dirigente sindical, quiere manipular los sindicatos y pretende tener control de la política laboral del país”, acusó.

Acompañados de los abogados Mario Muñoz Ortega y Óscar Alzaga, los secretarios de Actas y de Trabajo del Sindicato Nacional Minero, Luis Arturo Rosa de la Fuente y Jorge Ramón Monsiváis, respectivamente, señalaron que la Junta Especial 10, de la JFCA, incurrió en desacato, toda vez que no cumplió con la resolución ordenada por el décimo segundo tribunal colegiado del primer circuito, que dejó sin efecto el laudo que establecía que el gremio adeudaba pagos por 55 millones de dólares.

Insistieron en que el fondo del asunto es que en las próximas semanas la Junta Federal y Conciliación y Arbitraje debe emitir un nuevo laudo de manera integral con base en los 25 juicios laborales, y no sólo 21, porque “no puede incurrir en resoluciones contradictorias”.

La controversia legal data de 2004, con la privatización de la mina de Cananea, en la que se definió que 5 por ciento de las acciones debían otorgarse a los trabajadores, y que Grupo México se negó a pagar.

Al respecto, Muñoz Ortega consideró “una burla” el hecho de que la STPS respondiera que el caso se tratara sólo “de ajustes”. Puntualizó que deberán tomarse en cuenta los cuatro expedientes restantes “donde hay miles de documentos con pruebas” para dictar un nuevo laudo absolutorio.