La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hicieron un llamado al gobierno mexicano a que la investigación sobre la utilización del software Pegasus para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y actores políticos de oposición, “sea completa, efectiva e imparcial” y derive en sanción a quienes resulten responsables.

De igual manera, llamaron a garantizar la adopción de las medidas necesarias para respetar y proteger el derecho a la privacidad y la libertad de expresión de la ciudadanía, el ejercicio del periodismo, la defensa de los derechos humanos, la participación pública y las garantías a la oposición política.

“Esta investigación debería incluir la identificación plena de las víctimas de espionaje o intento de espionaje, así como la posibilidad de informarlas de ello”, expusieron en un pronunciamiento conjunto.

La CIDH, su RELE y la ONU-DH México expresaron su preocupación ante los nuevos hallazgos sobre la utilización del software Pegasus. Indicaron que la información hecha pública recientemente se suma a las denuncias que al menos desde 2017 vienen realizando organizaciones, personas defensoras y periodistas, respecto al uso de ésta y otras herramientas de espionaje en México y otros países de la región.

En este sentido, recordaron que es imperativo que los Estados limiten el uso de cualquier tipo de tecnología que pueda tener injerencia en las comunicaciones privadas de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos. Además, “este uso debe estar delimitado en forma clara y precisa en la ley, ser excepcional y operar en función de lo estrictamente necesario”. Debe contar con autorización judicial previa y una supervisión constante de los organismos estatales pertinentes.

Además, señalaron que hechos de este tipo involucra la responsabilidad tanto de los Estados como de las empresas. “Es importante reiterar el deber de las compañías privadas de adecuar su actuación a derechos humanos, y las obligaciones de los Estados de debida diligencia, transparencia y rendición de cuentas, especialmente en términos de contratación y supervisión de los servicios prestados por actores privados”.

Reiteraron el llamado a la moratoria inmediata sobre la venta, la transferencia y el uso de la tecnología de vigilancia hasta que se establezcan marcos normativos en línea con los derechos humanos.

Subrayaron la importancia de la labor de quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos y extendieron su reconocimiento y apoyo “a quienes valientemente han documentado y difundido información sobre este caso, así como a quienes fueron víctimas del espionaje”. Resaltaron que este tipo de prácticas no solo vulnera el derecho a la privacidad, sino que también tiene el potencial de afectar la integridad de sus fuentes y otras personas de su entorno.