Aun cuando los personajes (los magistrados electorales) y el motivo de la pelea (el control del tribunal electoral federal) pudieran parecer menores en relación con el complicado escenario nacional, lo cierto es que el quinteto de juristas que busca derrocar a José Luis Vargas Valdez (quien tiene su historia, sobre todo en cuestión de riqueza bajo sospecha) están tratando de dejar abierta una puerta supuestamente institucional para eventuales acciones similares en relación con otros poderes, como el Legislativo pero, sobre todo, el Ejecutivo, que se ejerce de manera unipersonal.

Hay varias maneras de referirse a esa puerta que abren los cinco magistrados, muy relacionados con intereses priístas, panistas y calderonistas. Puede hablarse de golpe de Estado (el propio Vargas Valdez usa este término), golpe a las instituciones o golpe de mano, pero lo que se convalidaría, de triunfar la acometida de los cinco, sería la posibilidad de que, desde el Poder Judicial, facciones políticas pudieran descarrilar o exterminar opciones de poder popular, progresista o de centro-izquierda moderada que no fueran del agrado de poderes económicos y políticos desplazados.

La historia latinoamericana ha conocido este tipo de acciones judiciales, impulsadas por intereses extranjeros y locales. En México, la desesperada oposición al obradorismo, que no ha encontrado vías para crecer, podría alentar maniobras “de justicia”. En realidad, los magistrados electorales deberían desahogar los pendientes inmediatos, renunciar y dar paso a una recomposición de ese turbio poder en el que se incluye a la parte todavía dominante del Instituto Nacional Electoral.

El ex secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) Víctor M. Toledo envió una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con el título “El retiro de León Jorge Castaños de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), una tragedia nacional”. La carta dice así: “Estimado señor Presidente, si alguno de los funcionarios del actual gobierno está a la altura de usted, por su entrega, sabiduría, sobriedad, capacidad de trabajo y amor por las comunidades rurales y por la naturaleza, ése es el ingeniero León Jorge Castaños, apóstol forestal, quien encabezó la Conafor con el nuevo régimen.”

Continúa la carta: “La historia de defensa y buen manejo de los bosques y selvas del país está marcada por sus aportes internacionales a la forestería comunitaria. Cuántas veces no le vi en pleno campo, no en la oficina, revisando un proyecto, enfrentando un incendio o asesorando programas nuevos. Por desgracia, la 4T repite, una vez más, las vergüenzas neoliberales: los burócratas mediocres sumando poder por poder sin importarles el prestigio y eficacia de la función pública, y en este caso, el papel de la Conafor y la situación de las comunidades de las regiones forestales. Yo le conmino, de manera respetuosa, a reconsiderar esa acción de despido totalmente injustificada que mina lamentablemente nuestra fe en su gobierno”.

Treinta y dos legisladores federales exigen en un comunicado que no haya más retraso en la discusión camaral de “los desafueros de los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta, así como el dictamen en relación con el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, personajes señalados por las fiscalías de la Ciudad de México y la General de la República, respectivamente, por actos constitutivos de delitos graves.

En un tono abiertamente crítico, conminan los 32 diputados federales “a la mesa directiva de la Comisión Permanente, a los coordinadores de los grupos parlamentarios y a todas y todos los legisladores de la Comisión Permanente a no poner pretextos, no retrasar, no evadir más y no obstaculizar por ningún motivo la discusión y aprobación para que la Cámara de Diputados se constituya en un periodo extraordinario como jurado de procedencia y concluya con este pendiente que tenemos con todas y todos los mexicanos” (https://bit.ly/3lxUHZZ). ¡Hasta el próximo lunes!

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