Tras el derrame de residuos peligrosos de Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi el 6 de agosto de 2014 y de constituirse un fideicomiso por 2 mil millones de pesos para reparación del daño –de los cuales 800 se devolvieron a la empresa, según informó hace unas semanas la Secretaría de Medio Ambiente–, siguen la falta de agua limpia para la población, los problemas de salud y la “simulación”, señalaron afectados e investigadores.
Después de siete años no ha pasado nada; se busca agua limpia, asequible, pero no hay, y los niños toman agua de los pozos. “Es una gran irresponsabilidad causada por esa empresa”, que ocasionó el derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos, aseveró en videoconferencia Ramón Miranda, de la comunidad Aconchi, integrante de los Comités de Cuenca del Río Sonora.
Explicó que “las comunidades ven desaparecer flora y fauna, pero sobre todo la salud. No sabemos dónde pararon los recursos del fideicomiso. No hay agua potable, pero las autoridades de los tres niveles no colaboran con los ciudadanos”. Gloria Simpson, también de los comités, sostuvo que no “se está pidiendo un favor, sino el cumplimiento de nuestros derechos”.
Antonio Romo, de la Universidad de Sonora, apuntó que la Comisión Nacional del Agua reportó en 2018 que 14 pozos (42 por ciento) destinados para consumo humano estaban contaminados; en 2020 fueron cuatro pozos, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios reportó para ese mismo año que 35 (97 por ciento) estaban en esa situación. Sostuvo que los efectos en la salud de la población se verán con el tiempo.
Las comunidades obtuvieron una sentencia de amparo favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la cual se debe investigar por qué se extinguió el fideicomiso, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente debe pronunciarse sobre el tema, con todas las pruebas y la participación de las comunidades, señaló Jorge Peláez, de la Universidad Iberoamericana. La consecuencia debe ser que quede sin efecto la conclusión del fideicomiso, sostuvo.
La reparación de daños debe ser con la participación de las comunidades, y se debe impartir “justicia integral”. Es el momento “de que se dé, ya no hay obstáculos de índole político”, puntualizó.
