El Congreso capitalino aprobó en comisiones el proyecto de dictamen sobre la Ley del derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua, que en acatamiento a lo estipulado en la Constitución Política de la Ciudad de México, suprime cualquier posibilidad de privatizar los recursos hídricos y establece la naturaleza jurídica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) como un organismo público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica y de gestión.
Por unanimidad de nueve votos, la Comisión de Gestión Integral del Agua aprobó el proyecto elaborado a partir de tres iniciativas, donde se reproduce el precepto constitucional, como principio rector, del agua como “bien público, social y cultural, inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida”, y su gestión será integral, sustentable “pública y sin fines de lucro”.
Establece el concepto de acceso básico vital, como el abasto mínimo de agua potable con que deberá contar una persona en un mismo predio, de 50 litros al día, al que tendrá derecho aún en los casos de restricción del servicio hidráulico.
Por otra parte, ante la premura que implica el cierre de la primera legislatura, la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso decidió acelerar apenas dos de 35 iniciativas pendientes de dictaminar.
Se trata de los dictámenes sobre la ley de justicia constitucional, así como de una reforma al Código Penal local para evitar que se castigue como si fueran funcionarios públicos a representantes de asociaciones civiles en caso de malversación de fondos.
Esta última reforma, dijo el presidente de la comisión, Ricardo Ruiz Suárez, es una de las que más atención requieren, pues si permanece como está, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá presentar una acción de inconstitucionalidad.
Los diputados buscarían aprobar los ordenamientos en dos periodos extraordinarios que serán celebrados antes de que empiece labores la segunda legislatura, el primero de septiembre.
