Ocurrió en 2002. Con 13 años y una precoz vocación religiosa, Leonardo Araujo se encontró con la peor cara de la Iglesia: la pederastia y el abuso sexual en su natal Mérida, Venezuela. Su victimario, Juan Huerta Ibarra, un clérigo mexicano que entonces oficiaba en esa nación y aún continúa haciéndolo libremente en México, al amparo de la protección eclesiástica. Un cobijo que, espera, concluya pronto.
Una profunda carga emocional durante una adolescencia agobiada por la culpa; tentativas de suicidio y una obligada ayuda siquiátrica, terminaron por convencer a Araujo de que la única forma de superar su situación era sumergirse en lo que a la postre han resultado tortuosos procesos judiciales y litigios religiosos que comenzaron en 2018.
A casi tres años, se ha tornado en una ruta interminable, pero que, al fin, parece haber encontrado una puerta en la justicia religiosa. Después de este periodo de toparse con la indiferencia de las instituciones de la Iglesia católica, aseguró en conferencia de prensa, el Tribunal Canónico de la Arquidiócesis Primada de la Ciudad de México admitió en marzo abordar su caso, una esperanza que, confía, pueda conducirlo a reivindicar su vida, dejar atrás ese sentimiento de culpa que el propio Huerta le dejó y esperar la sanción penal en su nación, donde continúan las indagatorias del caso.
Acompañado de otras víctimas de pederastia en México, Leonardo Araujo abrió su historia que se remonta a 2001, cuando decidió convertirse en sacerdote con la anuencia de su familia. Convencidos de la bonhomía de Huerta, quien oficiaba en Mérida como parte de la Sociedad San Pablo, le permitieron trasladarse y confiar en el clérigo. Muy pronto Huerta conminó a Araujo a visitarlo en su casa donde fue víctima de la violencia sexual cuyas consecuencias hasta ahora padece.
Casi un año de excesos y sometimiento hicieron claudicar a Araujo de su inclinación religiosa. Atormentado por lo impropio de los encuentros, decidió poner fin mediante una carta dirigida a Huerta para expresarle su rechazo a que continuaran esas prácticas, precipitando la ruptura con el sacerdote que aun tuvo un gesto que, a la distancia asume como una humillante indulgencia: los hechos ocurrieron por su condición adolescente.
A varios años de distancia, Huerta oficia en México aun cuando la Arquidiócesis está al tanto de las denuncias de Araujo, quien lleva su caso como abogado. Inicialmente desdeñado por la Sociedad San Pablo en 2018, quien le pidió pruebas y testigos, llevó su caso ante la Arquidiócesis que apenas en marzo le notificó que abordaría su denuncia.
Han pasado 19 años, un sinuoso proceso en el que, confiesa Araujo, está harto de “palabras endulcorantes y ademanes amables”. Para él, no hay otro desenlace posible que el castigo para Juan Huerta Ibarra.
