Ciudad de México. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, calificó como indignantes las razones que llevaron a la exoneración de Kamel Nacif por la tortura cometida contra la periodista Lydia Cacho.

En su cuenta de twitter, el funcionario dijo que son indignantes las razones otorgadas por la magistrada Selina Haidé Avante Juárez y la secretaria en funciones de magistrada Graciela Bonilla González, para exonerar al empresario.

El pasado martes se dio a conocer que las funcionarias otorgaron un amparo a Kamel Nacif en contra de la orden de aprehensión girada en su contra por el delito de tortura en contra de la comunicadora.

Indignantes las razones otorgadas por la Magistrada Selina Haidé Avante Juárez y Secretaria en Funciones de Magistrada Graciela Bonilla González para exonerar a Kamel Nacif por la tortura cometida en contra de la periodista @lydiacachosi. pic.twitter.com/sWGQ0YEe7m

— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) July 29, 2021

Según la sentencia de amparo, no se pudo demostrar que la aprehensión ilegal y tortura que sufrió Cacho Ribeiro, tienen alguna relación con la denuncia que ella hizo en su libro “Los Demonios del Edén” sobre las redes de pornografía infantil que operan en México y en las que presuntamente estaría involucrado el hombre de negocios.

También refiere que las conversaciones telefónicas entre el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, y Nacif, no se refieren de manera expresa a la autora del texto.

“El Tercer Tribunal Colegiado resolvió que cuando Marín dice que acababa de dar “un pinche coscorrón a esta vieja cabrona (sic)”, se trata de una afirmación ‘vaga y genérica’ que en México es utilizada para identificar a una mujer. Pero ante la falta de precisión de algún nombre, no puede concluirse que, entre todas las mujeres del mundo, los que intervinieron en la llamada se referían en específico a la sujeto pasivo (de la agresión, es decir Lydia Cacho]”, señala un extracto de la resolución.

Además, las magistradas señalaron en su fallo que “no hay prueba fehaciente” sobre la existencia de una orden para torturar a la periodista por publicar el libro y que, todo lo sucedido y vivenciado por ella, se reduce a la responsabilidad individual de los dos policías que detuvieron a Cacho”.