El Senado de la República aprobó el dictamen de reforma constitucional por el que se crea la Guardia Nacional, instancia impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como parte de su estrategia de seguridad pública. Lo más destacable de la jornada de ayer es que, tras días de crispación y jaloneo legislativo en torno a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, los senadores acordaron y votaron el dictamen por unanimidad. La manera en que se resolvió el trámite es en sí una buena noticia parala nación, pues apunta a que existen las condiciones para avanzar hacia la sensatez institucional y hacia un marco de acuerdos entre las fuerzas partidistas. A lo que puede verse, fue mayor la resonancia en redes y medios de la polarización generada por la iniciativa que el encono político real.

El dictamen aprobado por los senadores y devuelto por la tarde a San Lázaro es también muestra de que se cuenta con capacidad de negociación para sacar adelante puntos cruciales de la agenda legislativa, pues su redacción refleja la búsqueda de un terreno común aceptable para todas las partes. El más importante de estos puntos, por ser materia en ocasiones de una ríspida polémica entre el Ejecutivo federal y la oposición, así como algunas organizaciones de la sociedad civil, es el que refiere al carácter civil del mando de la nueva corporación, pero existen otros elementos que cabe señalar.

En primer lugar, los artículos transitorios reconocen amplias facultades a las fuerzas armadas en la conformación de la Guardia Nacional, asunto crítico por cuanto en la actualidad se carece de otro ámbito institucional en el cual existan las capacidades logísticas y operativas para gestar un cuerpo policiaco profesional, disciplinado y dotado de una jerarquía plenamente funcional.

Además, y acaso de mayor importancia, debe destacarse que el dictamen incluye amplios elementos de control y orientación del nuevo cuerpo –algunos habían sido inexplicablemente eliminados de la minuta remitida por los diputados– para que la nueva corporación se apegue sin cortapisas a las mejores prácticas en materia de derechos humanos, en lo cual se incluye la adopción de la perspectiva de género, insoslayable en el contexto de criminalidad presente en el país. Si está claro que para garantizar la plena vigencia de estas salvaguardas siempre será necesaria la supervisión de los órganos correspondientes y de la propia ciudadanía, también es apropiado reconocer que la primera línea en la defensa de los derechos humanos residirá en la correcta formación de los reclutas para las labores de seguridad pública.

Es, pues, un motivo de alivio que se hayan salvado las diferencias fundamentales entre los grupos parlamentarios encargados de aprobar el dictamen en cuestión, pues resulta de máxima urgencia para el conjunto de la sociedad que el Ejecutivo cuente con una corporación adecuada para emprender la inaplazable pacificación de la República. Cabe esperar, finalmente, que si la colegisladora introduce cambios en el producto de las negociaciones senatoriales lo haga también por consenso entre sus diferentes bancadas.