Después de conocerse la adquisición y operación de Pegasus para utilizarlo en el espionaje ilegal por la pasada administración, organizaciones sociales destacaron la postura del gobierno federal para investigar estas acciones. Sin embargo, demandaron “el acompañamiento de organismos internacionales como la ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de manera que garanticen la independencia y solidez de las indagatorias de la FGR”.
A través de un pronunciamiento efectuado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y Social Tic, entre otros, consideraron la importancia de aprobar reformas que “impidan el ejercicio abusivo de las tecnologías de vigilancia y garanticen la rendición de cuentas en su adquisición y uso”. En su consideración, hacen falta garantías gubernamentales de que estas prácticas ilegales para espiar a periodistas, defensores de derechos humanas o políticos de oposición no se volverán a repetir.
Destacaron que el compromiso presidencial de esclarecer todo lo relacionado a la operación del Pegasus debe involucar la apertura “total de los expedientes de contratación por parte de todas las dependencias federales, especialmente del extinto Cisen y de la Secretaría de la Defensa Nacional, respecto de los cuales hay evidencia incontrovertible de su existencia”.
En este contexto plantearon que este proceso se realice mediante las gestiones necesarias para asegurar un mecanismo de asistencia técnica internacional a las investigaciones en curso, con el acompañamiento de organismos internacionales de derechos humanos. Se debe diseñar un paquete de reformas para contar con controles democráticos para la utilización de la tecnología de vigilancia.
