La pregunta elaborada por la Suprema Corte de Justicia para adecuar la original propuesta presidencial se ha convertido en el principal obstáculo para motivar a la población a participar el próximo domingo en la consulta popular sobre el desempeño político del pasado.

Especialistas que participaron en el segundo foro de difusión que organizó el Instituto Nacional Electoral para promover este ejercicio, coincidieron en la importancia de la convocatoria, aunque la redacción del asunto no genera empatía ni atrae el interés de la sociedad.

El ex director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Fernando Castañeda, dijo que si bien es importante la participación ciudadana, aseguró que el asunto a responder es un “galimatías” cuyas derivaciones jurídicas son complejas y es difícil convocar a la sociedad cuando ésta no se identifica. “Necesitamos realmente que la interrogante sea bien clara por parte de quienes lo proponen y quienes se oponen y, además, debemos estar involucrados como ciudadanos en todo el proceso mismo”.

Ricardo de la Peña, doctor en sociología por El Colegio de México, criticó los diversos vacíos jurídicos y presupuestales en el tema, pues se parte de una redacción tan ambigua que de ella es difícil entender sus consecuencias legales. “Requerimos una definición precisa ya que no se entiende, por ejemplo, qué debe interpretarse como ‘acciones pertinentes’”.

El poeta Javier Sicilia consideró que el ejercicio tiene relevancia como parte del impulso a la agenda de atención a víctimas. Ixchel Cisneros, ex directora del Centro Nacional de Comunicación Social, recordó la postura asumida por el Ejército Zapatista reivindicando el acompañamiento a las víctimas.