La superficie cultivable de México suma unos 22 millones de hectáreas en dos ciclos (primavera-verano y otoño-invierno). Es de los países del mundo con mayor infraestructura hidráulica para irrigar grandes campos de cultivo. Sin embargo, alrededor de 70 por ciento de los productores dependen básicamente de la temporada de lluvia para sembrar fundamentalmente productos destinados al autoabastecimiento. El país cuenta también con un hato ganadero importante: unos 33 millones de cabezas de bovino, más otros millones de porcino, caballar y caprino.
Esa superficie y la riqueza ganadera fueron afectadas severamente hace 10 años por la peor sequía en siete décadas. Duró hasta los cinco primeros meses de 2012 y ocasionó problemas de abasto de los alimentos básicos que consume la población. La ausencia de lluvia cubrió a 19 de los 32 estados. Zacatecas, no las tuvo en 20 meses; Durango, en 19; Coahuila, en 18; Nuevo León, en 16 y, en Chihuahua, 14. También faltó en San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas. Las diversas obras para almacenar el agua para el agro y las poblaciones estuvieron entre 30 y 40 por ciento de su capacidad.
Se perdió 80 por ciento de la producción de frijol y la mitad de la de maíz y trigo. También murieron más de 600 mil cabezas de ganado bovino, caballar y caprino por la falta de pastizales. De toda la superficie cultivada ese año, sólo una parte muy reducida de sus propietarios pudo resarcir daños al tener un seguro contra la sequía. Y aunque figuramos entre los mayores productores de maíz a nivel mundial, para cubrir la demanda nacional se importan más de 17 millones de toneladas, en especial de Estados Unidos.
Ese 2011 muchos poblados rurales de Durango, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León no tuvieron agua para las necesidades básicas de sus habitantes. Se la llevaron en camiones-cisternas. También despensas con alimentos. En Chihuahua, más de un millón de personas, cuya economía depende del sector agropecuario, resultaron afectadas. Y unas 330 mil –100 mil de ellas indígenas– necesitaron un programa emergente de ayuda alimentaria para prevenir la hambruna. En una televisora se aseguró que 50 tarahumaras se habían suicidado por hambre tirándose por un barranco. Pero no fue cierto. No fueron suficientes los miles de millones de pesos que el gobierno destinó para enfrentar los problemas.
En el presente año, otra gran sequía afectó a 75 por ciento del territorio nacional. Se desconocen los costos económicos y sociales pero serán muy elevados, en buena parte por la falta de previsión o intervención tardía de las instancias obligadas a tomar las medidas para evitar lo más posible los daños que deja la ca-rencia de lluvias, asimismo, porque disminuyeron los fondos para atender las emergencias por desastres naturales, que muchas veces se deben a la acción humana.
Todos los centros de investigación que estudian los impactos negativos que ocasiona el cambio climático señalan a México entre los más afectados. En parte al ocupar un sitio nada honroso en pérdida de bosques y selvas, fundamentales para la regulación del clima, la producción de agua y humedad, así como la absorción de carbono. Además, entre 2014 y 2020 el presupuesto para la protección forestal se redujo casi dos tercios. Este año por la sequía se perdieron más de 550 mil hectáreas arboladas.
Otra advertencia sobre la necesidad de actuar bien y a tiempo es la ola de calor que azota el noroeste de Estados Unidos y Canadá. Temperaturas jamás registradas afectan la agricultura, reducen el abasto de agua y causan incendios y miles de desplazados. En Canadá han muerto ya más de 750 personas.
La semana pasada legisladores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso pidieron atender urgentemente el problema de la sequía y convocar a una cumbre del agua por México, en la que participen el gobierno federal, legisladores y representantes de las 32 entidades del país. Bien por la iniciativa, una más de las tantas ya celebradas por otras instancias. Es oportuno recordar a los legisladores que todavía no aprueban la nueva Ley General del Agua, con la cual se garantizaría y regularía su conservación, uso racional y justo, además de tratar las residuales. Bien harían entonces en comenzar por cumplir con su deber como representantes de la ciudadanía. Y de paso no olvidar los compromisos que México tiene firmados con la comunidad internacional para evitar el calentamiento global, que no se están cumpliendo.
