Ocho de 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia, lo que significa que hay opiniones encontradas y que hubo debate, votaron a favor de la derogación de un par de artículos de la Ley General de Salud, por ser violatorios a derechos humanos; estos artículos establecían prohibiciones o limitaciones al uso de la marihuana con fines lúdicos, diferentes al uso curativo o científico sí autorizado. Los interesados en el tema y los medios de comunicación consideran, no sin cierta euforia, que se trata del banderazo de salida para que la Cannabis indica se pueda conseguir y usar con mucha facilidad, como sucede ahora con el alcohol o el tabaco. En ambos casos, sabemos muy bien que la adición a estas sustancias aceptadas o toleradas es potencialmente dañina, y ha permitido que grandes trasnacionales ahora y antes medianas empresas nacionales, amasaran fortunas inmensas a costa de bebedores y fumadores.
La marihuana, una de las llamadas drogas estupefacientes, podrá estar al alcance de cualquier persona y no sólo de quienes tengan contacto con un traficante clandestino; la resolución del alto tribunal permite que quienes quieran consumirla, adictos o no, puedan cultivarla y procesarla para su autoconsumo; sólo tendrán que conseguir las semillas y tener espacios (no se requieren muy grandes) para sembrar sus plantitas, además de saber algo respecto al cuidado necesario de cualquier cultivo casero en macetas o jardines.
Ante la solución de la Corte, un sector de la sociedad se alegró y festejó; las fotografías de La Jornada del 29 de junio son elocuentes; no es una multitud la que celebra, pero quienes lo hacen, muestran entusiasmo y franca satisfacción. Otros interesados en el tema manifestaron en cambio preocupación, expresan dudas y vislumbran peligros. También tienen parte de razón: fumar marihuana puede ser estimulante y un juego o divertimento, pero hacerlo entraña riesgos y exige cuidados y medidas cautelares. La dependencia es una realidad y quienes conviven con un adicto saben de los desajustes que en la economía de las familias y en la sana convivencia se generan.
El presidente López Obrador opinó que estará atento para ver si la festinada autorización judicial contribuye o no a la disminución de la violencia o, por el contrario, la incremente, caso en el cual, dijo, usará su facultad constitucional para enviar una iniciativa al legislativo sobre la delicada materia.
Socialmente se considera que esta decisión favorece la libertad para consumir o no la marihuana, y esto es positivo. Por otra parte, como se sabe, consumirla produce cierta euforia, altera parcialmente la percepción en forma similar a lo que el alcohol y otras sustancias producen, pero lo evidentemente negativo es la dependencia que puede generar el uso de sustancias como ésta. No se trata de cualquier dependencia, quienes requieren urgentemente de su uso son susceptibles de ser manipulados por quienes les proveen la hierba. Poder ahora cultivarla les podrá dar independencia y los hace menos susceptibles de ser víctimas de quienes ven en el asunto sólo una oportunidad de ganancias y poder.
Harold Lamb, en su documentada Historia de las cruzadas, recuerda a un misterioso personaje. “El Viejo de la Montaña”, quien desde su fortaleza en El Alamuth comandaba una secta de guerreros fanáticos a los que controlaba suministrándoles droga; útiles como sicarios y hábiles para eliminar enemigos políticos, pasaron a la historia como los “hashashim”, los asesinos.
No hay duda de que no es un caso cerrado, hace falta legislación y reglamentación. Creo que, al respecto, ni deslumbrarnos ni desbocarnos; tomar medidas, evitar que la autorización sea la puerta para una gran industria cuyas ganancias provengan de una debilidad humana, ni permitir que niños y jóvenes, por la publicidad y la manipulación, se conviertan en dependientes o que, como sucede ahora en los reclusorios, la droga sea la herramienta para el control clandestino que ejercen las mafias.
Por lo pronto, en mi opinión deben tomarse dos medidas preventivas. La primera, advertir a niños y jóvenes de los riesgos existentes y, como consecuencia, prohibir que la autorización, ahora judicial solamente, se aplique en los planteles escolares o sus cercanías; respecto de los centros deportivos y los espectáculos, habría que pensarlo muy bien.
La otra medida debe ser que, en las cárceles, los adictos bajo control médico reciban la droga que requieren de parte de las autoridades y que no dependan por tanto de otros reclusos que se convierten así en poderes de hecho, generalmente violentos y corruptores.
Un poco antes de que se iniciara la persecución para desaforar al actual presidente cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, formulé, en mi calidad de procurador, una propuesta similar, cuya ejecución se vio interrumpida por la mencionada maniobra que alteró entonces la normalidad política; puede ser ahora el momento de replantearla.
