La Paz. Dos ex jefes militares fueron enviados a prisión preventiva el lunes acusados de sedición, con lo que suman una decena de opositores, militares y policías procesados por la crisis de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales y que según la oposición son víctimas de una persecución judicial.

El general Jorge Gonzalo Terceros, ex comandante de la Fuerza Aérea, y el almirante Gonzalo Jarjuri, exjefe de la Armada, esperaban su traslado a prisión tras la audiencia en la que una jueza determinó su detención preventiva mientras son investigados por la Fiscalía.

Por el mismo caso la expresidenta interina Jeanine Áñez lleva más de cien días en prisión y ha solicitado su excarcelación. “En su momento los principales órganos del Estado avalaron mi sucesión como presidenta constitucional transitoria de Bolivia”, dijo Áñez en su cuenta de Twitter la semana pasada.

También dos exministros y tres jefes militares están detenidos mientras que el entonces comandante de las Fuerzas Armadas, William Kaliman, está bajo arresto domiciliario.

El caso mantiene al país estancado en la confrontación entre la oposición -que acusa a Morales de haber montado un supuesto fraude electoral en octubre de 2019 para reelegirse por cuarta vez- y su heredero político el presidente Luis Arce, cuyo partido Movimiento al Socialismo (MAS) acusa a opositores y militares de haber perpetrado un golpe de Estado.

La Fiscalía descartó la acusación de fraude electoral por falta de pruebas en la que el principal acusado era Morales. La oposición ha acusado al gobierno de utilizar a la justicia para “hostigar y perseguir” a los opositores.

La semana pasada varios expresidentes de la región, entre ellos Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Juan Carlos Wasmosy de Paraguay y Rafael Calderón de México divulgaron una carta de solidaridad con el líder opositor boliviano Carlos Mesa y denunciaron un “acoso” a la oposición.

En 2020 “hubo un golpe de Estado, hubo masacres sangrientas. Hay familias que han quedado sin padre, madres que han quedado sin hijos”, dijo el ministro de Justicia, Iván Lima, principal impulsor de los procesos en referencia a dos masacres por parte de las fuerzas del orden en las que murieron 25 partidarios de Morales.

Las protestas tras la anulación de las elecciones dejaron 36 muertos entre seguidores y opositores de Morales.