Madrid. Victòria Alsina i Burgués asumió el cargo de consejera de Acción Exterior del nuevo gobierno catalán hace poco más de un mes, con el propósito de profundizar en las relaciones exteriores de Cataluña “como país” y en explicar allá donde le escuchen la postura del bloque independentista con respecto al conflicto político que vive la región. A sus 38 años, esta doctora en ciencias políticas advierte que pese a los “actos de venganza” de los tribunales españoles el gobierno del que forma parte reclamará la amnistía para los políticos catalanes juzgados por la declaración unilateral fallida del 2017 y la celebración de un “referendo a la escocesa” como única vía para la resolución de la crisis con el Estado español.

Alsina vivía hasta hace sólo unos meses en Estados Unidos, dedicada a sus labores académicas y también como delegada del gobierno catalán en ese país. Con la formación del nuevo gobierno, integrado por una coalición de dos partidos -Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya (JxCat)- y liderado por Pere Aragonés, el separatismo catalán pretende dar un paso más en su apuesta por la construcción de una nueva República, para lo que es necesario un referendo de autodeterminación, que en principio pretenden pactar con el gobierno del socialista Pedro Sánchez, hasta ahora el más receptivo con el discurso separatista.

En entrevista con La Jornada, Alsina explicó sus principales objetivos, máxime cuando asume una consejerería que fue cuestionada recientemente por el Tribunal de Cuentas español, que dictó una resolución en la que señaló una presunta malversación de fondos públicos por más de 5,4 millones de euros.

“Ya presenté el plan de prioridades en el Parlamento de Cataluña y por resumirlo de alguna manera, yo quiero construir una acción exterior que sea una política de país, sólida, profesional y que permita conectar a Cataluña con el mundo y al mundo con Cataluña, pero no sólo a través de las instituciones públicas, sino también en el sector empresarial y la sociedad civil. Este departamento no tiene muchos años de existencia y se creó en un momento político muy convulso y complicado. Desde que se creó ha recibido muchos golpes, así que yo creo que ha llegado el momento de dedicar el tiempo y la energía a solidificar, profesionalizar y hacer que esta acción exterior sea una política permanente, de país”, explicó.

Una de las razones por las que en el pasado esta rama del gobierno catalán fue cuestionado por la justicia española fue porque dedicó la mayor parte de sus actividades y recursos a la promoción del referendo unilateral de independencia del 2017, por lo que se reclamó a más de 30 personas una fianza millonaria para sufragar el presunto desfalco y a la espera de un recurso presentad ante el Tribunal Supremo. Pero Alsina está convencida de que las competencias están fijadas y nítidas en el Estatuto de autonomía que rige en la región. “Yo considero que tenemos una plena competencia en acción exterior, está reconocida por el Estatuto de autonomía, incluso después del recorte que pegó el Tribunal Constitucional. Nosotros entendemos la sentencia del Tribunal de Cuentas como una venganza política que inició el gobierno de Mariano Rajoy contra el independentismo catalán. Nosotros lo vemos como una politización de la justicia. Lo veo como un ataque político que intenta generar miedo tanto en la esfera política como en la de los trabajadores públicos. Pero yo en ningún caso voy a dejar la política de acción exterior que el gobierno considere que es necesaria”.

Entre los objetivos prioritarios de Alsina está “tener un canal de comunicación estable con empresas y con gobiernos para hablar un día de empresas, de cultura y otro día se va a explicar cuál es la postura del gobierno catalán respecto al conflicto no resuelto con el Estado español, pero como parte de la total normalidad democrática de un país. No tiene nada de excepcional. Un día se hablará del conflicto y otro día de un evento o de una empresa”.

Entre las primeras reuniones que ha mantenido desde Barcelona, su nuevo centro de operaciones, figura la de la embajadora de México en España, María Carmen Oñate Múñoz. “Con respecto a México me parece importante hacer un estudio previo para ver el valor añadido dentro del conjunto. A mi parece que México es un país prioritario para tener nuestra base en diferentes niveles y solidificar las relaciones con el país y utilizarlo como plataforma en la región. Y quiero mantener una comunicación fluida con México, explicándole a las autoridades mexicanas cuál es la postura del gobierno catalán.”.

En cuanto a las expectativos que hay dentro del gobierno, al menos en la facción de la que ella forma parte -la de JxCat, que lidera desde Bélgica el ex presidente Carles Puigdemont-, Alsina aseguró: “A día de hoy formo parte de un gobierno de coalición que ha pactado un programa y también sentarse en una mesa de diálogo con el gobierno español. Y esto ni siquiera ha empezado. A partir de aquí a nivel internacional queremos compartir sin distorsiones la postura del gobierno catalán y que es la siguiente: los indultos no resuelven el conflicto, si acaso es el inicio para poder sentarse en la mesa de diálogo. Se quiere una amnistía y el conflicto político existente sólo se puede resolver mediante la organización de un referendum con el modelo escocés. No hay que anticipar hechos. Ahora las expectativas son bajas, pero hay que sentarse en esa mesa”.