Bogotá. Luis Picassio Carampaima, líder indígena del Chocó, fue decapitado, con lo que suman 84 los líderes sociales asesinados en 2021, y mil 200 los muertos desde la firma del acuerdo de paz con las desarticuladas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en 2016, informó la ONG Indepaz.
El dirigente fue decapitado el pasado jueves por miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (también llamadas Clan del Golfo) en el departamento de Chocó, en la zona noroccidente del país, informó Indepaz.
Además, se reportaron intensos combates y la quema de varias viviendas en comunidades de la zona que cuenta con unos 2 mil 500 habitantes.
El pueblo embera dodiba denunció la violencia sistemática y la ocupación de sus territorios originarios por grupos armados que buscan despojarlos de sus tierras.
"Nuestros territorios lugares antiguamente sitios de armonía ahora son campos minados por grupos armados que batallan por el control territorial", tuiteó Feliciano Valencia, senador por el Movimiento Alternativo Indígena y Social.
La etnia embera dodiba exigió al gobierno dar prioridad a la ayuda humanitaria, salud y educación, ante el abandono en que vive la comunidad.
En tanto, el Movimiento de Víctimas contra las Agresiones Oculares del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) documentó 82 casos durante el paro nacional, pero consideró que pudieran ser unos 200, incluyendo otros escenarios.
El pasado 28 de abril comenzó un paro nacional en Colombia contra las medidas neoliberales del gobierno del presidente Iván Duque, considerado el mayor estallido social de los últimos 70 años. La represión dejó al menos 90 muertos, 44 de ellos atribuidos a las fuerzas de seguridad y el resto sospechosos de haber sido provocados por uniformados.
Luego de más de dos meses, la movilización continúa por medio de diferentes expresiones como actos culturales, asambleas y marchas, casi todas fuertemente reprimidas por la policía y el Esmad.
El director de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas, anunció ayer que habrá transformaciones en el Esmad, también acusado de asesinatos y violaciones, para “promover y garantizar” los derechos humanos, pero defendió la actuación de los informados, y aseguró que son respetuosos de la manifestación pública y pacífica, mientras combaten el delito.
