Mexicali, BC. Un grupo de ejidatarios y avecindados de Ensenada y San Quintín mantienen cerradas las oficinas de la Procuraduría Agraria en el puerto bajacaliforniano para exigir la destitución de personal de esta dependencia federal, dado que denuncian cacicazgos y afectación en reparto de hectáreas y en tierras de uso común en litigios sancionados por autoridades federales agrarias, en al menos cinco ejidos.
Con "asesoría" del Registro Agrario Nacional, acusan de actos de parcialidad, colusión y corrupción a servidores públicos del Tribunal Agrario y de la Procuraduría Agraria en Ensenada.
En las trasmisiones que han realizado en redes sociales, los manifestantes reconocieron que "obligaron" al delegado del Registro Agrario Nacional, Iván Alberto Pastrana a que los asesorara.
En un video que circula en internet, se observa a Pastrana advertirles que él no puede intervenir de manera directa, y les propone organizar su información en fichas técnicas para que presenten denuncias ante la Secretaría de la Función Pública contra los funcionarios federales.
Este lunes, Carlos Ventura, representante de la subdelegación de la Fiscalía General de la República (FGR), se reunió con el grupo de inconformes para formalizar su queja pero las voceras decidieron cancelarla al enterarse que no procedía de la Ciudad de México.
Confrontación entre ejidatarios
En ese contexto, Teresa de Jesús Ríos Pérez, del ejido Rubén Jaramillo, una de las voceras de las protestas, afirmó haber sido golpeada, y denunció que sus derechos fueron violentados por parte de un funcionario del Tribunal Agrario, además del comisariado y la familia de éste.
En una reunión celebrada el 30 de junio pasado, los integrantes del ejido de marras denunciaron en sentido contrario, amenazas, actos intimidatorios y hostigamiento de Teresa de Jesús Ríos Pérez contra los ejidatarios, sobre todo personas de la tercera edad.
"Llega al punto de agresiones tanto físicas como verbales con el único interés de intimidar la participación de los ejidatarios", señaló uno de los afectados.
En 2020 los ejidatarios agredidos presentaron una denuncia penal por amenazas y hostigamiento, de acuerdo a información contenida en el acta ejidal, y asentaron que Ríos Pérez ha querido ser comisariada ejidal pero nunca ha alcanzado los votos, pese a lo cual actúa como tal, "sin serlo", reiteraron.