Zacatecas, Zac., Integrantes de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos de las regiones oeste y centro de México exigieron a los tres niveles de gobierno su urgente intervención ante nueve violaciones graves a las garantías de la comunidad wixárika, consistentes en prácticas presuntamente ilegales realizadas por empresas industriales agropecuarias y empresas mineras, que han puesto en riesgo la vida, cultura y sustentabilidad del territorio sagrado del Wirikuta.

Demandaron que se revise “la solvencia legal de las autorizaciones necesarias para la instalación y expansión de empresas y compañías mineras y constaten si cuentan con permisos de impacto ambiental, cambio de uso de suelo de terrenos forestales, concesiones de agua, así como la congruencia con la zonificación y reglamentación del área natural protegida”.

En un pronunciamiento en nombre de los organismos públicos de derechos humanos de Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Zacatecas, así como de la Pastoral Social de la Iglesia católica en Matehuala, San Luis Potosí, recordó que el Altiplano potosino y la Sierra de Catorce son una zona con un valor biocultural como pocas en el mundo.

Ahí “está la mayor parte de las especies de flora y fauna silvestres de todo el Gran Desierto de Chihuahua, y concentra la biodiversidad de cactáceas más importante del planeta; la mayoría se encuentra en alguna categoría dentro de la norma oficial mexicana de la Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) como especies amenazadas o en peligro de extinción”.

Entre esos ejemplares está el águila real, símbolo de México y ave que encabeza la lista del programa nacional de conservación de especies prioritarias. Recalcó que los habitantes de esta parte del Altiplano mexicano “son campesinos, muchos de ellos en situación de extrema pobreza. Su forma de vida es de naturaleza agropastoril, que hace sinergia con prácticas ancestrales de caza y recolección que han preservado de la cultura huachichil de Aridoamérica”.

Wirikuta es uno de los lugares más importantes del pueblo Wixárika, que habita en Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas.

“Desde tiempos inmemoriales, ahí se recrea el recorrido que hicieron las deidades desde el mar (las costas de Nayarit y Jalisco) hasta el desierto (el noroeste de San Luis Potosí) para dar origen al mundo.”

Del equilibrio biocultural de Wirikuta depende la identidad del pueblo wixárika, que habita en más de 5 mil 300 kilómetros cuadrados del territorio nacional, “una superficie más grande que la de varias entidades federativas México”.

Alteración del clima

En el documento, los organismos públicos de derechos humanos dieron a conocer que entre el 25 y el 31 de marzo recorrieron la zona “y constataron la falta de resguardo, respeto y garantía de protección integral que requiere la región sagrada del Wirikuta.

El 25 de mayo, reunidos en el poblado de Estación Catorce, en San Luis Potosí, se realizó una diligencia conjunta en la cual se documentó la percepción de ejidatarios y avecindados de diversas localidades afectados por las prácticas de compañías mineras y agropecuarias.

“Producto de esta labor y de una inspección realizada mediante un sobrevuelo no tripulado y de visitas a diferentes sitios se constató la existencia de proyectos que pudieran constituir violaciones graves a los derechos humanos”.

Explicaron que los labriegos han denunciado a varias empresas agrícolas por alterar el clima de la región. “Dispersan nubes para evitar la lluvia, y con ello los daños potenciales del granizo, así como las condiciones de humedad que favorecen la reproducción de plagas y enfermedades de los cultivos. Se presume la utilización de cohetes para realizar dispersión por calor y la utilización de avionetas que propagan estelas químicas”.

Asimismo, se detectó “el depósito masivo de excretas de pollos y cerdos provenientes de granjas que, de manera expansiva, se están instalado en esos territorios. Hay persistentes olores fétidos, así como invasión masiva de moscas en las localidades en un radio de más de cinco kilómetros, lo que ha generado la inconformidad de los pobladores”.

Asimismo, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos advirtió que “mediante aerofotogrametría se documentó un polígono de 23 hectáreas utilizadas para la deposición y manejo de residuos, sin planta de tratamiento y sin material aislante entre los residuos y el suelo”.

Otro problema es la expansión de cultivos intensivos que han cambiado el uso de suelo de terrenos forestales, deforestando matorrales xerófilos y resetófilos.

Además, se tiene identificado como riesgo grave “la explotación de antimonio en San José de Coronados y otros proyectos mineros, como el de la empresa Real Bonanza en la sierra de Catorce”.

Asimismo, se identificó “la creciente presencia de campos de generación de energía eólica, la degradación generalizada de ecosistemas nativos de la región sagrada, altos índices de marginación y pobreza de los lugareños y la presencia de grupos armados, posiblemente vinculados al crimen organizado”.