Ciudad de México. Cuando el representante del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (Acnur), Mark Manly, llegó, hace seis años, durante la administración peñanietista, la definición de México como país de asilo “era una gran incógnita. Hoy está muy claro. Lo escuchamos de personas que llegan a la frontera sur o los aeropuertos y que ven que tienen aquí opciones; que México puede ser su país de asilo”.

Durante su intervención en el acto por el Día Mundial de los Refugiados en la Casa Citlaltépetl, donde se develó formalmente la placa que preside una escultura de Gilberto Bosques, conocido como el Schindler mexicano, indicó que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) de hoy “no es la misma institución que era hace seis años; tiene mejor capacidad de responder” al desafío de los crecientes flujos de desplazados forzosos.

El director de Comar, Andrés Ramírez Silva, también presente, informó hace unos días que las solicitudes de asilo recibidas en los cuatro primeros meses de este año (de enero a abril) ya alcanzaron el volumen de solicitudes presentadas en todo 2020, más de 41 mil.

La escultura de Bosques –el embajador en Francia del gobierno cardenista que durante la Segunda Guerra Mundial gestionó las visas de miles de españoles perseguidos por el franquismo y judíos cazados por los nazis– preside desde hace tres años el patio de la casona de la colonia Condesa que en 1999 fue destinada por el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas, como casa refugio, integrante de la Red Internacional de Ciudades Refugio.

Desde entonces, escritores y pensadores albano-kosovares, argelinos, senegaleses, egipcios, iraníes, iraquíes, y de otras latitudes, encontraron en este sitio un albergue que en muchos casos les significó salvar la vida.

Estuvieron presentes Laura Bosques, hija del diplomático de la “famosa maleta mexicana”, varios nietos y sobrinos, la secretaria de Cultura capitalina, Vanessa Bohórquez, activistas y diplomáticos.

Una refugiada, la nicaragüense Mariam Pérez Guerra, perseguida por el régimen sandinista, pidió, a nombre de todos los que han buscado la protección de este país, no criminalizar a los refugiados ni ignorar las causas de su desplazamiento. Finalizó con un mensaje a nombre de los casi 100 mil nicaragüenses emigrados: “no hemos dejado la lucha por conquistar la libertad de los presos políticos. Sigue siendo sonoro el grito: anhelamos una patria libre para vivir”.

En uno de sus últimos actos públicos como representante de Acnur en México, ya que concluye su misión, Manly destacó los avances más visibles en la capacidad de respuesta de México: más de 200 albergues gestionados por la sociedad civil y que “son, realmente, la columna vertebral de esta acción humanitaria”; una mayor capacidad de inclusión social y económica de las personas refugiadas, ejemplificada por el dato de hace apenas tres semanas, cuando se rebasó el umbral de 10 mil refugiados reubicados de ciudades en la frontera sur hacia el norte del país, CURP temporal para acceso a servicios públicos, el plan inclusivo de ley de salud de 2019 y las reformas a las leyes para la no detención de niños migrantes o refugiados.

Además, informó que son más de 200 empresas privadas que dan empleo a refugiados y más de 200 instituciones educativas públicas y privadas que han abierto sus puertas. Entre los pendientes por lograr, señaló que los bancos aún no reconocen como válidos los documentos que emite el Instituto Nacional de Migración, como lo establece desde hace 10 años la ley de población.