Ante la crisis política que se vive en Nicaragua, los gobiernos de México y Argentina llamaron a consultas a sus embajadores en Managua para conocer la situación en aquella nación, que incluye la detención de opositores al régimen de Daniel Ortega.
Ayer, en un pronunciamiento conjunto, las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y de Alberto Fernández señalaron que estarán atentas a la evolución de los sucesos en el país centroamericano. Enfatizaron que se debe ponderar el principio de no intervención y que la resolución del conflicto recaiga en los propios nicaragüenses.
Los embajadores en Nicaragua de México, Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, y de Argentina, Mateo Daniel Capitanich, fueron instruidos a trasladarse a la Ciudad de México y Buenos Aires para dar los pormenores sobre “las preocupantes acciones político-legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días, que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios”.
El gobierno de Ortega y de la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo ha emprendido una persecución contra opositores que ha dejado la detención de al menos una docena y otros han tenido que huir ante órdenes de captura en su contra. Esto a unos meses de las elecciones presidenciales en noviembre.
México y Argentina –aliados y cuyos gobiernos encabezan un ala que busca la integración latinoamericana– señalaron que seguirán promoviendo “el pleno respeto y promoción de los derechos humanos, las libertades civiles, políticas y de expresión de toda persona, con independencia de su nacionalidad y/o profesión” en Nicaragua.
En su comunicación conjuntareiteraron su plena disposición “para colaborar en la promoción del diálogo a fin que sean las y los propios nicaragüenses quienes superen esta situación por la vía pacífica, respetando la división de poderes, el respeto a las minorías, las garantías constitucionales y, en general, el pleno respeto al estado de derecho y todos los derechos humanos”.
Desde hace unos días, las administraciones mexicana y argentina han manifestado su alarma por esa crisis, pero a la vez han expresado su rechazo a los intentos de injerencia externa, en particular promovidos desde la Organización de Estados Americanos (OEA).
La semana pasada, el Consejo Permanente de la OEA aprobó con 26 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones (México, Argentina, Belice, Honduras y Dominica) una resolución que condena el arresto, “acoso y restricciones arbitrarias” impuestas a precandidatos presidenciales, pide la liberación de los detenidos y alerta por “el reciente deterioro político” y la situación de derechos humanos en Nicaragua.
Los representantes mexicana y argentino ante la OEA, Luz Elena Baños y Carlos Raimundi, respectivamente, expusieron la preocupación de sus gobiernos por la crisis en la nación centroamericana, pero no acompañaron la resolución porque hay países que “dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos” y advierten que hay pretensiones “de imponer pautas desde afuera o de prejuzgar indebidamente el desarrollo de procesos electorales”.
