La región de América Latina y el Caribe es una de las más violentas e inequitativas del mundo, debido a que se encuentra “atrapada” en un círculo vicioso de bajo crecimiento económico y altos niveles de desigualdad, lo que a su vez lleva a un aumento y normalización de la violencia en todas sus formas.
Así lo indica el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) –lanzado hoy–, en el cual se subraya la urgencia de que los gobiernos eviten la concentración de poder en unos cuantos actores económicos y le otorguen servicios de seguridad social universal a sus habitantes, sin importar si éstos tienen trabajo formal o no.
En conferencia de prensa virtual, Marcela Meléndez, economista jefe para América Latina del PNUD, señaló que la región se caracteriza desde hace muchos años por su baja productividad y escaso crecimiento, factores que interactúan entre sí y que han mantenido a sus países “enredados en una trampa” de la cual no han podido salir por la inexistencia de planes integrales para corregir las variables económicas y sociales.
Según el informe, la gran mayoría de los latinoamericanos está consciente de que sus sociedades son muy desiguales –lo cual genera frustración y descontento– y ubica a las grandes empresas como los actores que monopolizan el poder económico y político, en desmedro del bienestar general.
Dicha concentración de poder, indica el estudio, “contribuye a mantener alta la desigualdad y bajo el crecimiento en la región”, y abre la puerta a la percepción de que los métodos legales de ascenso social y resolución de conflictos no dan resultados, lo cual estimula la violencia como factor de poder o “negociación”.
Un efecto de ello es que, pese a tener sólo 9 por ciento de la población mundial, en América Latina y el Caribe se registra hasta 34 por ciento de las muertes violentas a escala global, y se han enraizado fenómenos como los robos, el abuso policial, la trata de personas, la violencia sexual y los feminicidios.
Para salir de la “trampa” en la que se encuentra la región, subraya el informe, es necesario acotar el poder de los grandes actores económicos, quienes “distorsionan” el mercado y la política en su favor, y crear un sistema de protección social único para toda la población, no segmentado, fiscalmente sustentable y con la misma calidad para todos sus beneficiarios.
