Lima. Un juez peruano declaró infundado ayer un pedido de la fiscalía para que la candidata derechista Keiko Fujimori retorne a prisión por un caso de lavado de dinero, mientras el país sigue en zozobra por el resultado de los comicios presidenciales.
El magistrado Víctor Zúñiga indicó que ahora Fujimori debe ser cuidadosa en cumplir con las estrictas normas de conducta que le permitieron salir en libertad condicional en 2020 y postularse. El fiscal José Domingo Pérez apeló de la decisión que se verá en otra instancia judicial.
Fujimori está acusada de lavar millones de dólares recibidos de la constructora brasileña Odebrecht y de otros peruanos poderosos que le otorgaron efectivo en maletas para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, contiendas que perdió.
Tras el conteo de todas las actas electorales, el izquierdista Pedro Castillo terminó primero con 50.12 por ciento de votos, apenas 44 mil 58 votos de ventaja sobre la derechista, quien no acepta la derrota.
Fujimori, quien obtuvo 49.87por ciento de votos, extendió la incertidumbre electoral tras pedir anular unos 200 mil votos de Castillo, a quien acusa, sin pruebas contundentes, de orquestar un “fraude”. La aspirante ha recibido el apoyo de la élite económica, militares jubilados y gran parte de la prensa capitalina.
En las afueras del juzgado, policías antimotines protegían el local y decenas de simpatizantes con tambores apoyaban a Fujimori. Antes de ingresar al recinto, la hija del ex mandatario Alberto Fujimori declaró a la prensa: “siempre doy la cara”.
La fiscalía afirma que Fujimori se comunicó con uno de los testigos del caso de lavado y por eso debe terminar de cumplir los 11 meses que le restan de sentencia por entorpecer la justicia y por peligro de fuga mientras es investigada. La candidata ya estuvo tres veces en la cárcel.
Si Fujimori pierde las elecciones, empezará a enfrentar un juicio por lavado cuyos efectos podrían ser devastadores para ella, su esposo y su partido político Fuerza Popular.
El fiscal José Domingo Pérez acusa a Fujimori de ser la jefa de un grupo del crimen organizado, lavado de dinero, obstrucción de la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Pérez ha pedido 30 años de cárcel para Fujimori, 22 años para su esposo, el estadunidense naturalizado peruano Mark Villanella, y otras solicitudes que incluyen a 38 implicados cuya sumatoria detrás de las rejas superan más de 800 años.
Si la aspirante de Fuerza Popular finalmente gana las elecciones, su juicio se congelará por cinco años, mientras dure su mandato, debido a que un presidente no puede tener juicios activos durante su gestión.