En la sociedad moderna hay dos cosas que no se pueden evitar: los impuestos y la muerte. Los impuestos se cobran desde que uno nace vía la producción, el trabajo y el consumo, y la muerte nos llega cuando nos toca, ya que por fortuna todos somos mortales. Para mantener un equilibrio en las finanzas públicas se requiere un buen sistema impositivo y un gasto controlado. Si el gobierno es derrochador y no obtiene los recursos suficientes, más temprano que tarde llegarán la inflación, la pérdida de empleos y la crisis económica. De esta situación está consciente el Presidente de la República y, por conducto de Raquel Buenrostro, jefa del SAT, busca más ingresos por cualquier medio para hacerle frente al cada vez mayor gasto público.
Cuando la economía crece, regularmente aumentan los ingresos públicos, pero cuando se estanca, producto de una crisis económica o de salud, como la que acabamos de atravesar, es difícil alcanzar la meta proyectada en materia tributaria. Por ello, en septiembre se llevará a cabo una reforma fiscal que tomará como base la “tasa efectiva de impuestos” con el objetivo de equilibrar las cargas impositivas, sobre todo tomando en cuenta que, proporcionalmente, las grandes empresas, nacionales y extranjeras pagan menos impuestos que el resto de la sociedad.
De acuerdo con el SAT, hay 40 sectores de la economía que aportan contribuciones de tan sólo 1.33 por ciento en relación con sus ingresos. Esta medida es polémica, debido a que se obtiene al comparar las ventas contra las utilidades. Un supermercado, por ejemplo, puede vender 100 millones de pesos y pagar un millón 330 mil pesos (1.33 por ciento de las ventas) pero hay que considerar que paga a proveedores 98 millones de pesos, por lo que sus utilidades son menores a 700 mil pesos.
Este ejemplo hipotético muestra que la comparación en la tasa efectiva de impuestos debe considerar la relación entre utilidades e impuestos a pagar y no entre porcentaje de impuestos frente a las ventas.
De una u otra manera, la tasa efectiva de impuestos es una herramienta para frenar la evasión, gracias a la cual mejorará la recaudación obtenida de las grandes empresas. Por desgracia, la mejor vigilancia de los grandes corporativos no será suficiente para hacerle frente a las crecientes necesidades de dinero del gobierno.
