Luego de 18 meses se cumplimentó la orden para recapturar a siete elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), acusados de homicidio y ejercicio indebido del servicio público, delitos que habrían cometido al participar en el asesinato de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.
Los militares reaprehendidos desde marzo pasado son Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, acusados de homicidio, por lo que no pudieron obtener la libertad bajo fianza, y permanecen en la prisión del Campo Militar Uno.
Los otros cuatro son Ezequiel Rodríguez Martínez, Samuel Torres López, Julio César Guerrero Cruz y Alan Fuentes Guadarrama, señalados como posibles responsables de ejercicio indebido del servicio público, el cual no es considerado delito grave y por tanto podrán seguir su proceso en libertad.
Los militares fueron detenidos poco después de los hechos; sin embargo fueron liberados en mayo de 2016, debido a que un juzgado federal consideró que no había suficientes elementos para procesarlos.
La entonces Procuraduría General de la República (PGR) apeló el auto de libertad, señalando que no habían sido tomados en cuenta elementos de prueba, como testimonios de las sobrevivientes y peritajes, contenidos en la averiguación previa AP/PGR/UEITA/161/2014.
Sobrevivientes de los hechos también interpusieron un amparo en contra de la liberación de los militares y en octubre de 2019 Olga María Josefina Ojeda Arellano, magistrada del sexto tribunal unitario penal, con sede en Toluca, estado de México, ordenó la reaprehensión de los imputados.
El retraso en la recaptura de los militares se debió a que algunos fueron dados de baja, otros pasaron a situación de retiro y por lo tanto no estaban localizables.
