En la búsqueda de un empleo en México, las mujeres migrantes centroamericanas son “vulnerables” a la discriminación, agresiones sexuales y amenazas de sus empleadores. Lo anterior se debe a “deficiencias sistémicas” en el cumplimiento de la legislación federal en materia de migración y laboral. Además, enfrentan mayores obstáculos para garantizar sus derechos en los procesos de contratación y en el lugar de trabajo, indica un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los principales sectores que emplean a mujeres migrantes, procedentes principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, son el trabajo doméstico, la agricultura, ganadería, la venta ambulante y el trabajo sexual.
En cada uno de ellos, las prácticas de contratación se caracterizan por la existencia de redes informales a través de las cuales ese sector femenino obtiene información sobre oportunidades de empleo.
El documento Mujeres migrantes centroamericanas en México sostiene que en esas redes suele haber intermediarios, maridos, parientes o conocidos que suelen llamarse enganchadores. En el caso del sector agrícola, el trabajo doméstico y el trabajo sexual abarcan prácticas de contratación en parques públicos y ciudades de sus países de origen y, en ocasiones, de los países de destino.
Al mismo tiempo, las mujeres “son más propensas a ser contratadas” como “familiares” y, por lo tanto, no tienen un permiso de trabajo propio. Esto “exacerba” su condición vulnerable frente a la explotación, ya que además de encontrarse en una situación irregular, también dependen en lo laboral de un miembro de la familia.
La OIT indicó que Chiapas es el estado con la mayor proporción de migrantes centroamericanas, al concentrar 50 por ciento de las 32 mil 800 mujeres que, estima, viven en México.
De acuerdo con el informe, en todos los sectores que emplean a este grupo de mujeres, ellas han notificado que reciben amenazas explícitas de sus empleadores o supervisores de dar cuenta a las autoridades de inmigración, debido a su situación irregular.
La OIT señala que si bien el marco normativo de México se caracteriza por leyes que “afirman los derechos de las mujeres migrantes”, las instituciones locales, estatales y federales carecen de capacidad y de recursos –humanos y financieros– para garantizar su debida aplicación. Por ello, a fin de mejorar el cumplimiento de las leyes en la materia, la OIT recomienda que México adopte un enfoque de género en el diseño y la aplicación de sus políticas públicas.
