Ante el impacto de la pandemia de Covid-19 en el Sistema Educativo Nacional, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) plantea rediseñar e institucionalizar una política de gestión y reducción de riesgos para el sector.
La medida, señala, debe incluir una evaluación que permita identificar a las comunidades educativas con mayores desventajas, brechas y condiciones de vulnerabilidad, así como un mapa de riesgos del sistema, entre otras acciones.
En el estudio “Experiencias internacionales de apoyo a la educación durante la emergencia sanitaria por Covid-19”, elaborado por la Mejoredu, se analizan las propuestas generadas por organismos internacionales y las experiencias de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay, España, Finlandia, Nueva Zelanda, China, Japón, Corea y la ciudad de Nueva York para apoyar la educación durante la pandemia, también propone establecer protocolos y mecanismos de gobernanza adecuados, así como valorar la pertinencia y viabilidad de crear un fondo de emergencia educativa.
A fin de fortalecer el sistema educativo frente a futuras emergencias, el organismo sugiere acciones de respuesta y recuperación educativa ante la emergencia sanitaria, entre ellas asegurar la igualdad de oportunidades de aprendizaje, así como adaptar los contenidos curriculares y adecuar las estrategias pedagógicas que permitan atender la diversidad de ámbitos en el contexto de la emergencia, además de una reorganización y mejora del sistema sobre nuevas bases.
Entre las acciones pedagógicas más relevantes, se incluye adecuar el plan y programas de estudio con base en la priorización de temas clave del currículo, así como en las necesidades del alumnado, y adaptar con rapidez contenidos y materiales a distintos contextos y condiciones específicas de los estudiantes.
También demanda promover el desarrollo de capacidades con el fin de que los docentes cuenten con herramientas para adaptar las estrategias pedagógicas e identificar los aprendizajes prioritarios, además de que se deben impulsar evaluaciones flexibles que faciliten a los estudiantes los procesos de transición entre niveles y tipo educativos.