Tlanalapa, Hgo. Bertha Patricia Orozco Hernández jueza federal primera de distrito de Pachuca dio al presidente municipal de Tlanalapa Saúl García Ordóñez 24 horas para que proceda a sanear el basurero municipal de 3 hectáreas bajo la advertencia de ser denunciado ante el agente del ministerio público de la federación para ser sometido a proceso penal tras lo cual sería desaforado y separado del cargo.

De acuerdo al fallo del juicio de amparo indirecto 321/2020-II-B para la protección a su derecho a la salud tanto de él como de los pobladores de las localidades afectadas por el basurero promovido por el abogado ambientalista Óscar Castillo Hernández, Maestro en Derecho Constitucional y Amparo en abril de 2020, la jueza Bertha Patricia Orozco ordenó al ayuntamiento de Tlanalapa limpiar el lugar ubicado a un kilómetro de la cabecera municipal toda vez que representa un foco de infección para los vecinos.

No obstante, salvo la eliminación de parte de la basura que se encontraba en el camino de acceso al terreno donde se encuentra el basurero realizado por el Concejo Municipal que gobernó de manera interina del 5 de septiembre al 15 de diciembre de 2020 fecha en que asumió el cargo de alcalde de Tlanalapa, Saúl García Ordóñez emanado del partido Movimiento Ciudadano (MC), ya no se hizo nada por acatar el ordenamiento judicial.

El 21 de enero de 2021, tal como lo dio a conocer La Jornada ocurrió un incendio en el basurero, lo que agravó la contaminación en el lugar por las emanaciones de humo que por varias horas se produjeron a causa de la quema de la basura y los polvos de los desechos incinerados que fueron esparcidos a la zona urbana por las tolvaneras.

Ante esto, según Óscar Castillo promovió ante el mismo juzgado un incidente por el defecto del incumplimiento con el ordenamiento de sanear el lugar como lo fue el incendio.

Por ello, el 30 de marzo la jueza Bertha Patricia Orozco emitió el fallo integrado por 3 puntos en que determinó que "es fundada la denuncia formulada por el quejoso Óscar Castillo Hernández, en cuanto al incumplimiento que atribuye al Presidente Municipal, Ayuntamiento, Director de Servicios Públicos Municipales y Encargado del Basurero Municipal, todos de Tlanalapa, Hidalgo, respecto de la suspensión definitiva que se concedió a su favor".

Por ello, en el segundo punto de la resolución la jueza requirió "a las autoridades mencionadas, para que dentro del término de 24 horas contadas a partir de que reciban el oficio que contenga esta determinación, cumplan con la medida cautelar otorgada en este incidente, para lo cual deberán observar los extremos que se precisaron en este fallo interlocutorio".

En caso de que no lo hagan, Bertha Patricia Orozco advirtió que dentro de ese plazo de 24 horas "deberán acreditar el cumplimiento que se les requiere, con las constancias idóneas para tal efecto".

En caso de no hacerlo así, la jueza advirtió que "en caso de no cumplir con lo anterior o continuar incumpliendo con las órdenes de este juzgado, en relación con la suspensión definitiva que se otorgó al quejoso, serán denunciados ante el agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda penalmente en su contra, en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo".

En entrevista, Óscar Castillo explicó que la notificación aún no ha sido entregada a las autoridades municipales pero vaticinó que esto ocurra la semana pasada.

Comentó que en caso de no cumplir, el edil junto con los integrantes del Cabildo y los funcionarios mencionados serán denunciados ante el agente del ministerio público Federal el cual deberá acudir a la Comisión Instructora del Congreso de Hidalgo para quitar el fuero al alcalde y someterlo a proceso penal.

"Necesariamente se tendría que llamar a los suplentes del alcalde, regidores y suplentes para que asuman el cargo y acaten la resolución del juzgado".

El abogado destacó que las autoridades municipales ya no tienen ninguna posibilidad de revocar en fallo "ya que el representante jurídico del ayuntamiento no dio ninguna contestación a los informes que la jueza le pidió sobre el avance del saneamiento".

Efectivamente, según el expediente del caso la jueza Bertha Patricia Orozco requirió a las autoridades responsables "su informe sobre la materia de la conducta que se les atribuye mismo que no fue rendido por ninguna de ellas".