El magisterio disidente nacional inició una ruta de “resistencia ante el silencio que estamos enfrentando desde el gobierno federal”, afirmaron líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y anunciaron que los próximos 13, 14 y 15 de mayo convocarán a su Congreso Nacional Político Educativo, “donde se tomarán las definiciones necesarias para volver a la jornada de lucha”.

Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9 de la Ciudad de México, indicó que tras la realización –los pasados 22, 23 y 24 de marzo– de la Caravana del Sur, que recorrió más de mil 200 kilómetros desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al Zócalo capitalino, “se recibió el apoyo de miles de maestros, académicos, investigadores, especialistas y organizaciones de al menos 15 países, los que suscribieron una carta de apoyo para que la actual administración federal no siga con la mutilación de nuestros derechos laborales y acabe con cualquier política de privatización de la educación”.

Afirmó que ante la nula respuesta desde la Presidencia de la República, donde el pasado miércoles “nos propusieron los funcionarios de Atención Ciudadana recibir el documento de la CNTE, en la calle se estableció claramente que lo que sigue es la consolidación de una ruta de resistencia y organización”.

Definición de delegados

Hernández Morales informó que tras el receso de clases por las vacaciones de primavera, el magisterio disidente comenzará a convocar a sus asambleas delegacionales, regionales y estatales para definir a los más de 800 delegados que acudirán en mayo próximo al congreso nacional.

“Estamos buscando las mejores estrategias para hacer esta labor de forma virtual, pero sin perder la capacidad de organización del magisterio. La sede del congreso, que se realizará de forma presencial, está por definirse en un espacio abierto, ya sea en la Ciudad de México, el estado de México o Jalisco.”

Con la Caravana del Sur “quedó claro que si es necesario, haremos otras desde cada estado del país, porque vamos a insistir en restablecer la mesa nacional de diálogo con el presidente López Obrador; echar abajo la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y la cancelación de la Unidad de Medida y Actualización para el pago de las pensiones y jubilaciones”.