La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha logrado recuperar, desde su fundación en 1999, 121 mil 419 millones 980 mil pesos como producto de la fiscalización de las cuentas públicas 2001-2018.
La mayor parte de esos recursos (78 mil 821 millones de pesos) están relacionados con recuperaciones y recobros hechos a partir de la detección de gestiones irregulares de los gobiernos locales y estatales del país de las últimas dos décadas; mientras 41 mil 635 millones están ligados a anomalías observadas en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Aunque a través de la fiscalización ha regresado a las arcas públicas un monto enorme de recursos, las recuperaciones conseguidas por la ASF son una fracción de las que el mismo organismo ha estimado que se podrían hacer. Así, por ejemplo, en el último año de la gestión de Enrique Peña Nieto, consideró que había recuperaciones probables por 173 mil 50 millones de pesos, 30 por ciento más de 121 mil millones recobrados en dos décadas.
De acuerdo con información publicada en el portal de la ASF, al 31 de diciembre pasado se han recuperado 137 millones 299 mil pesos en el Poder Legislativo, 299 millones 623 mil pesos en el Judicial y 41 mil 635 millones 351 mil pesos en el Ejecutivo.
En SHCP, casi 21 mil mdp
De las recuperaciones en las tres últimas administraciones federales, la mayor parte se han hecho en el sector de Hacienda y Crédito Público, con 20 mil 960 millones de pesos recobrados.
Le siguen los sectores de Energía, con 7 mil 879 millones de pesos; Comunicaciones y Transportes, con 4 mil 444 millones; Agricultura y Desarrollo Rural, con 2 mil 35 millones; Economía, con mil 21 millones de pesos; Medio Ambiente, con 967 millones, y Educación Pública, con 960 millones.
En las instituciones públicas de educación superior se han recuperado en 20 años 143 millones 972 mil pesos. En cuanto a los organismos autónomos, los recursos rescatados ascienden a 382 millones 544 mil pesos.
El total de las recuperaciones logradas por la ASF no incluye las que están en proceso judicial, pues diversas entidades fiscalizadas han promovido procesos judiciales a terceros como resultado de las revisiones realizadas.
