Houston. El gobierno de Joe Biden no exige a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) que averigüe los antecedentes de los cuidadores en su red de instalaciones de emergencia para albergar a miles de niños migrantes, lo que alarmó a expertos, quienes afirman que por esta omisión se pone en peligro a los menores.

En la premura para sacar a los niños de los establecimientos atestados y poco adecuados de la Patrulla Fronteriza, el equipo de Biden emplea una medida usada por gobiernos previos: campamentos de tiendas, centros de convenciones y otras enormes instalaciones operadas por contratistas privados y financiadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Este mes, el gobierno anunció que abrirá ocho nuevos refugios de emergencia en el suroeste del país, con 15 mil camas, con lo que se duplicará la capacidad del sistema existente.

Las autoridades estatales no tienen que otorgar licencias a estos sitios ni proveer los mismos servicios que las instalaciones permanentes del departamento. Además, cuestan mucho más, un estimado de 775 dólares diarios por niño.

Y para proveer personal a esos sitios rápidamente, el gobierno suspendió los exámenes de antecedentes por medio de huellas dactilares, dirigidos a proteger a los menores.

El personal y los empleados que cuidan directamente a los niños en los nuevos sitios de emergencia no tienen que someterse a revisiones de huellas dactilares por la FBI, que usa las bases de datos de delincuentes no accesibles al público y pueden detectar a quien usa una identidad falsa.

El Departamento de Salud aseguró en un comunicado que las personas que cuidan directamente a los menores “deben pasar por revisiones de antecedentes delictivos”. Esos exámenes generalmente toman menos tiempo, pero dependen en gran parte de la veracidad de la información proveída por el sujeto.

La agencia indicó que quienes proveen cuidados directos son supervisados por empleados federales u otros que han sido sometidos a revisiones de antecedentes basados en pruebas dactilares.

Durante el gobierno de Donald Trump, durante meses el Departamento de Salud no se aseguró de que se revisaran las huellas dactilares a los trabajadores en un gran campamento en Amarillo, Texas. Una investigación de Associated Press en 2018 encontró también que personal de un campamento en Homestead, Florida, no se sometió a exámenes de rutina para descartar acusaciones de abuso de menores.

Por lo pronto, la Casa Blanca anunció el despido de la mayoría de los miembros de la junta asesora independiente del Departamento de Seguridad Interior, encargada de contribuir a las líneas maestras de la política migratoria, designados durante la administración Trump, en plena remodelación de la gestión de la llegada de migrantes a Estados Unidos.

Por otra parte, el senador republicano por Texas, Ted Cruz, ha cosechado críticas y memes al filmar un viaje a la frontera al estilo de los documentales de vida salvaje, en un intento de registrar la crisis migratoria que su partido achaca al nuevo gobierno de Biden, informó el diario The Guardian.

Ataviado con un chaleco de pescador, gorra de beisbol a juego, Cruz habla ante la cámara rodeado de maleza y asegura que vio a migrantes cruzar el río, en Texas. Afirmó también que observó a mujeres amamantando a niños tras ser arrestadas por la Patrulla Fronteriza, y que del otro lado del río están los traficantes de personas “burlándose” de los agentes que los dejaron ir.

Cruz, quien fue acompañado por otros 18 senadores republicanos, incluidos John Cornyn, Susan Collins y Lindsey Graham, también sostiene que las multitudes que, asegura, cruzan la frontera ilegalmente, “dan positivo de Covid siete veces más que la población estadunidense”, y exige a Biden poner fin a lo que él llama “crisis humanitaria, sanitaria y migratoria”.