Chilpancingo, Gro., El presupuesto que el gobierno asigna al Programa Federal de Fertilizantes que distribuye entre los productores agrícolas de esta entidad desde hace 35 años, disminuyó en 2020 en 12.7 por ciento en términos reales, respecto de lo invertido en 2019, informó Arturo García Jiménez, asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales del Estado de Guerrero.

El consejero recordó que según el reporte, dicho programa para el ejercicio fiscal 2020, presentado a principios de marzo, tuvo un presupuesto de mil 310 millones de pesos, frente a los mil 500 millones ejercidos en 2019.

No obstante, el primer monto representó 2.8 por ciento del presupuesto total de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en 2020. Para 2021, en cambio, se logró que en las reglas de operación se destinara 3 por ciento del monto total del presupuesto de la dependencia federal.

García Jiménez dijo que ese 3 por ciento equivale a unos mil 950 millones de pesos, tomando en cuenta que en la práctica ha disminuido el monto. Lo anterior, con el objetivo de “realizar innovaciones tecnológicas en el marco de la agroecología, aunque los funcionarios encargados del reparto están escamoteando esa parte del presupuesto y pretende que no se aplique este año”.

En el informe señalado, se propone que el programa de fertilizantes "debe migrar hacia el impulso a la agroecología para resarcir la intoxicación de los suelos de Guerrero, que en casi 30 años se ha venido realizando".

La Coordinadora de Comisarios, además, advirtió que Guerrero vive la efervescencia electoral, por lo que el programa “debe estar blindado con reglas de operación que privilegien la transparencia, la eficiencia operativa, la coordinación interinstitucional y la participación de los beneficiarios”.

Este informe pretende que la operación centralizada del programa en este ejercicio 2021 logre de verdad impactar en la producción, productividad y el bienestar delos campesinos, para ello es preciso reorientar su contenido, que se consideren las propuestas campesinas y que existan puentes o espacios de diálogo entre la parte institucional y la Coordinadora de Comisariados”.

En la elaboración del informe, además de la coordinadora, participó un equipo profesional de Promotores de la Autogestión para el Desarrollo Social y la Universidad Campesina del Sur, que analizó la situación del Programa de Fertilizantes en Guerrero y contó con el apoyo de funcionarios y colaboradores del Registro Agrario Nacional, visitadores voluntarios de la Procuraduría Agraria y un equipo adscrito al tema de Accountability Research Cen-ter de la American University.

Se recordó que en febrero de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante una gira de trabajo por Guerrero, anunció que el programa se implementaría en el estado como un programa piloto y que para el siguiente año “se ampliaría a los estados de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

El fertilizante será gratuito, oportuno, sin intermediarios y además orgánico para no seguir contaminando los suelos”.

Sin embargo, un mes después, cuando las deficiencias operativas del programa se hicieron notorias, el mismo Presidente anunció que además de fertilizante también se incluiría biofertilizante y semilla mejorada de maíz.

“Visión neoliberal de operadores de la Sader”

Los campesinos denunciaron varias veces que los operadores de la Sader tienen una visión muy conservadora y neoliberal sobre el asunto, “demostraron que la gratuidad del fertilizante prácticamente se anuló por el costo que los productores tuvieron que asumir para inscribirse en el programa, conseguir el vale para intercambiarlo por el insumo y las maniobras y flete para transportarlo de las bodegas a sus localidades”.

Dicen que la entrega del abono no fue oportuna, ya que la distribución se inició a la mitad del ciclo agrícola, y todo lo que el gobierno federal anunció para terminar con la intermediación no fue posible.

Debido a la ineficiencia operativa, los responsables del programa enfrentaron la presión social en-tregando fertilizante fuera de norma, a organizaciones campesinas tradicionales, líderes políticos, ayuntamientos y al gobierno del estado.