La Paz., El gobierno del presidente boliviano, Luis Arce, afirmó ayer que analiza llevar a juicio al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por sus “persistentes acciones de injerencia” y su “intervencionismo colonialista durante el proceso electoral de 2019, que culminó con el golpe de Estado contra el derrocado mandatario Evo Morales.
El ministro de Justicia, Iván Lima, se refirió al informe preliminar que la OEA publicó sobre las elecciones de octubre de 2019, que, en última instancia, alentaron las protestas impulsadas por la oposición de derecha que, sin pruebas, alegó fraude en las elecciones de octubre de 2019, en las que el presidente Evo Morales ganó un cuarto mandato.
En medio de dichas protestas, la cúpula castrense y policial conminó a Morales a renunciar, después de lo cual la senadora conservadora Jeanine Áñez se proclamó “presidenta interina” y formó un gobierno de facto que duró hasta el 8 de noviembre de 2020, cuando asumió Luis Arce, del partido Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, tras arrasar en las elecciones del 8 de octubre.
Según el informe que mencionó Lima, hubo “irregularidades” en los comicios. A juicio del ministro, el informe no era parte de un convenio suscrito entre el Estado boliviano y el organismo y, “peor aún”, el informe final se publicó en diciembre de 2019, fuera de plazo.
Antes, Lima dijo que estudiaba emprender acciones legales contra Almagro, ante lo que considera “persistentes injerencias” en el país y tras sus declaraciones sobre el supuesto fraude electoral de 2019.
No fue el único desencuentro de ayer con Almagro. La cancillería repudió una declaración de Almagro, quien exigió la liberación de Áñez, detenida el pasado fin de semana por su participación en el golpe de Estado contra Morales, y ratificó su decisión de buscar un castigo penal para el diplomático uruguayo por su injerencia en la política interna del país.
“El señor Almagro no tiene la autoridad moral ni ética para referirse a Bolivia, después del daño profundo que hizo al pueblo boliviano. Sus acciones costaron vidas y debe rendir cuentas”, dijo la cancillería en un comunicado.
Áñez y dos de sus ex ministros están en prisión preventiva mientras avanza la investigación de la fiscalía que los acusa de “sedición, terrorismo y conspiración”. La policía busca a otros ex ministros de Añez. Dos ex jefes militares también han sido detenidos.
Tras un silencio de tres días en plena tormenta política por la detención de Áñez, Arce reapareció ayer con un mensaje sobre la economía y sin aludir al conflicto ni a las protestas del lunes contra su gobierno en varias ciudades en las que se exigió la liberación de la ex mandataria golpista. “La derecha busca desinformar con mentiras. Este año hemos programado una inversión pública de 4 mil millones de dólares”, publicó en Twitter.
