Guadalajara, Jal., Decenas de jóvenes que en junio pasado fueron víctimas de desaparición forzada y torturas por parte de agentes de la fiscalía y la policía de Jalisco, según dictaminó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se quejaron de haber sido utilizados y engañados por el gobernador Enrique Alfaro durante los foros Construcción de Paz, Seguridad Ciudadana y Reforma Policial.

Aglutinados en el colectivo Somos 4, 5 y 6, integrado por menores de edad y estudiantes víctimas de lo que ellos llaman halconazo, represión que terminó con las protestas por el asesinato de Giovanni López –cometido en mayo pasado–, advirtieron que no avalarán los resultados de las mesas técnicas de los foros, de los cuales se dijeron marginados.

Señalaron que tampoco fueron invitados a participar en las mesas que se realizan actualmente, en las cuales se adecua al marco legal lo acordado durante el foro, a pesar de que Alfaro se comprometió con ellos a que, en su calidad de víctimas, serían coorganizadores.

“No continuaremos apoyando ninguna actividad gubernamental derivada de los hechos del 4, 5 y 6 de junio (víspera del halconazo). Seguiremos buscando la verdad, la justicia y la reparación integral del daño para todas las personas violentadas durante las protestas, y lo haremos desde nuestras propias trincheras”, informó el colectivo en un comunicado.

Se acotó en el documento que durante el foro, que se inició el 15 de agosto, integrado por cuatro bloques temáticos para los cuales se instalaron 12 mesas de trabajo que finalizaron el 10 de octubre, nunca se convocó al colectivo para pedir su opinión sobre los integrantes de cada mesa. Reprocharon que tampoco les comunicaron las fechas de inicio ni fueron invitados formalmente a participar en ellas, además de que hubo “trato diferenciado de las autoridades y manipulación de algunos miembros” para tratar de separarlos.

“El colectivo Somos 4, 5 y 6 no respalda el trabajo que se está llevando a cabo en las mesas técnicas. Una situación determinante fue saber que algunos miembros del colectivo omitieron información importante para el seguimiento de las medidas reparativas y dejaron de mostrar interés en continuar con el trabajo en común”, agregaron.

Acusaron que el Ejecutivo estatal los utilizó, pues a finales de julio, para anunciar el inicio de los foros, el político de Movimiento Ciudadano realizó un video con ellos, en el cual “nuestro fin nunca fue limpiar la imagen de Alfaro.

“Aparecer junto al gobernador se prestó a que nuestra imagen y nombres fueran usados para eximirlo de responsabilidad y suavizar las críticas a su persona por el llamado halconazo”, acusó el colectivo.

En el video, grabado en el palacio de gobierno estatal en julio, Alfaro aparece rodeado de integrantes del grupo y anuncia la realización del foro; los llama víctimas de sus propios policías ministeriales y afirma que en lugar de “sacarle la vuelta al tema y dejar las cosas como están” decidió aplicar las medidas cautelares emitidas por la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que incluían una reforma de las corporaciones policiacas en la entidad.

Alfaro Ramírez dijo que de estos foros, “inéditos y que servirán para repensar el papel de las policías en Jalisco”, saldrían reformas para ofrecer garantías a los derechos humanos, lograr eficiencia policiaca y recuperar la confianza ciudadana.

El halconazo ocurrió el 5 de junio de 2020 en las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado, cuando agentes ministeriales encapuchados, a bordo de camionetas sin placas, armados con palos y tubos, fueron enviados a detener ilegalmente a manifestantes que exigían justicia por el homicidio de Giovanni López, un albañil que murió bajo custodia policial, luego de ser detenido por no portar cubrebocas.

Aunque se indicó el año pasado que el caso era investigado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en la Fiscalía General de la República, ninguna de esas instancias federales ha emitido una resolución ni ha dado a conocer avances sobre el tema, siete meses después.

La impunidad campea y a la fecha sólo cuatro ministeriales han sido vinculados a proceso penal en septiembre, pero lo cursan en libertad, pues sólo se les acusó de abuso autoridad.