Ciudad de México. A un año y medio de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitiera una serie de recomendaciones al Estado mexicano para reparar el daño que sufrió un joven encarcelado injustamente a raíz de su condición de discapacidad, ninguno de los señalamientos se ha llevado a la práctica, por lo que la víctima no ha logrado acceder a la justicia.

Así lo denunciaron la familia del hombre y la organización civil Documenta, los cuales destacaron que al ser considerado “inimputable”, Arturo Medina Vela fue enviado automáticamente a un centro de detención por más de cuatro años, sin posibilidad de cambiar de defensor y expuesto a un tratamiento forzoso.

En conferencia de prensa virtual, Diana Sheinbaum, coordinadora del programa de discapacidad y justicia de Documenta, recordó que en 2011 Medina fue acusado de tratar de robarse un automóvil y llevado ante el Ministerio Público, a pesar de que no se presentaron pruebas en su contra y hubo versiones encontradas de los policías que lo detuvieron.

Derivado de su discapacidad intelectual y sicosocial –que le generan ciertas dificultades en el lenguaje y la comunicación--, el joven fue declarado “inimputable” y sentenciado a poco más de cuatro años de detención en el Centro Varonil de Readaptación Psicosocial, como supuesta “medida de seguridad”.

De acuerdo con la activista, las autoridades violaron muchas de las garantías básicas de Medina Vela, pues no se le permitió cambiar de defensor público, no se le notificó de la sentencia y no pudo apelar, y aunque su madre solicitó que la autorizaran a hacerse cargo de él en libertad, como lo permite la ley, el juez encargado del caso no se lo concedió.

Tras conocer este episodio, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió en 2019 una serie de recomendaciones a las autoridades mexicanas, entre ellas ofrecer una disculpa pública al joven, evitar la repetición de este tipo de hechos y diseñar un plan individual e integral de reparación del daño, pero el gobierno del país no ha dado cumplimiento a una sola de las observaciones.

“A un año y medio no se ha hecho nada. La Secretaría de Gobernación es la encargada de reparar el daño y de organizar un acto de disculpa pública, pero seguimos esperando. […] Entiendo el tema de la austeridad republicana, pero no el que no se haya podido organizar un evento para reconocer las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado mexicano y sentarse a negociar las reparaciones económicas y los apoyos emocionales” que requiere Medina, dijo Sheinbaum.

La especialista recalcó que este tipo de casos no son aislados, sino “sistemáticos”, pues en cuanto alguna persona que vive con discapacidad se ve involucrada en un proceso penal, las autoridades los declaran inimputables y les imponen “medidas de seguridad” que los excluyen del conocimiento de su propio proceso, lo cual implica un castigo más por su condición de vida que por la acusación que enfrenta.

“Las ‘medidas de protección’ tienen consecuencias severas, como tratamientos médicos que muchas veces son forzosos, y privación de la libertad que se justifica en la discapacidad y no en el hecho cometido. ¿Quién puede pensar que la privación de la libertad es un recurso terapéutico?”, se cuestionó.

En la conferencia de prensa participaron Markus Schefer, integrante del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, y Anna Batalla, Oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.