La Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó inhabilitar por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público a Alfredo Castillo Cervantes –quien fue cercano colaborador del ex presidente Enrique Peña Nieto– por haber ocultado cuentas bancarias con un monto de más de 18 millones de pesos.
Entre otros cargos, Castillo Cervantes fue comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en Michoacán, donde debió atender la problemática de las autodefensas en la entidad, que no pudo resolver; posteriormente, el ex mandatario lo nombró como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), donde se le acusó de diversas irregularidades.
La SFP informó ayer que “tras un exhaustivo procedimiento de responsabilidades” se determinó imponer la inhabilitación debido a que “faltó a la verdad” en sus declaraciones patrimoniales de tres años (2014-2016), omitiendo declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos.
Castillo Cervantes ya fue notificado de la sanción administrativa. Funcionarios de la SFP detallaron que puede impugnar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y agregaron que en caso de presunción de delitos penales, correspondería a la Fiscalía General de la República hacer las indagatorias.
La dependencia detalló que la omisión en la que incurrió el también ex procurador federal del consumidor “constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial”.
Castillo Cervantes comenzó su trayectoria en 2002 como asesor del entonces procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha. Fue subprocurador durante el gobierno de Peña Nieto en el estado de México. En ese cargo le correspondió realizar las investigaciones del caso de la niña Paulette Gebara Farah –quien en marzo de 2010 presuntamente desapareció de casa de sus padres y ocho días después apareció muerta en su propia habitación–, el cual a la fecha continúa generando dudas.
Ya con Peña Nieto como mandatario federal, fue procurador federal del consumidor. En 2014, al surgir el conflicto de las autodefensas en Michoacán, se le envió como comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en ese estado, cargo que ostentó por poco más de un año y lejos de resolverse el conflicto, se agudizó.
En abril de 2015 fue designado al frente de la Conade. La Auditoría General de la Federación detectó diversas irregularidades en su gestión, entre ellas que no se justificaron más de 11 millones de pesos en apoyos a varios atletas; también se le criticó por llevar a su pareja a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en 2016; reconoció que fue “una imprudencia”, aunque acotó que no usó recursos públicos para ello.
