C. Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador. De mis consideraciones: En momentos en que revisaba la petición de intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de un grupo de internos enfermos del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya, Morelos, supe que usted contrajo el virus que, sin dar cuartel, castiga a México y el mundo entero.
Permítame, señor Presidente, usar el lenguaje coloquial para decir, con afecto, “cuídate, Andrés Manuel. En México y América Latina, cientos de millones te necesitan para seguir soñando con la justicia”. Entre ellos, el grupo de enfermos debido al riesgo de contagio de Covid-19 en el interior del referido penal, donde en el dormitorio 1 el virus acabó con la vida de tres personas.
Desafortunadamente, los solicitantes de Atlacholoaya (capacidad del penal, mil 500 personas; internos, 2 mil 690) se encuentran en total abandono jurídico y falta de atención médica. De ahí su desesperada petición a la CIDH, ya que de las autoridades penitenciarias y judiciales de Morelos han recibido nula consideración.
Ahora bien. Mi interés en el asunto surgió de la situación que desde hace ocho años atraviesa uno de los demandantes, el técnico en computación Víctor Simón Beltrán Piedrola. A quien conozco y mucho me cuesta aceptar los cargos que se le imputan.
En mi escritorio, señor Presidente, reposa el denso expediente de copias certificadas y compiladas por la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM, 377/214-4), que ilustran el caso. El típico y “galimático” mamotreto (15 centímetros de altura) que escribientes, fiscales y medios de comunicación, en particular, parecen redactar “ex profeso” para dificultar la tarea del juez. Con lo cual, queda la sensación de que si un ciudadano acusado carece de recursos económicos y un “buen abogado”, se pudrirá en prisión esperando justicia.
Veamos los hechos. El 2 de octubre de 2012, Víctor Beltrán fue detenido en su domicilio de Cuernavaca por agentes de investigación criminal del Ministerio Público. De allí lo trasladaron a la Fiscalía General del Estado, donde fue enterado de haber cometido un “delito sexual”. Y sin más, las autoridades lo entregaron a un grupo de personas que, en los fondos del Ministerio Público (según denunció Víctor a la CDHM), le propinaron fuertes golpes y palizas. Luego, sin su autorización, le tomaron fotografías que la fiscalía entregó a los medios de comunicación.
Los medios, claro, acabaron socialmente con el supuesto violador. V.gr.: “Cae sujeto por abusar de menor” ( Extra, sección policiaca, 4 de octubre de 2012, p. 3); “Acusado de haber violado a una menor de 12 años, y a su madre de ésta” (sic); “Maniaco al bote: violó a una niña en el cerro del Tepozteco” (El Regional.com.mx, 5 de octubre). “El juez de garantías impuso la prisión preventiva como medida cautelar” ( El Sol, Cuautla, 4 de octubre). “Peligroso violador” (El Regional. com.mx, 12 de noviembre de 2012).
Meses después, Víctor estuvo a punto de ser liberado por falta de pruebas. Entonces, los medios ventilaron declaraciones de la madre de la menor: “Yo, la verdad, estoy muy agradecida de que se me hizo caso porque se trata de un tipo muy peligroso que se hace pasar por inocente, y quien además estoy casi segura (sic) que dio mucho dinero para evitar quedar en la cárcel” (“Por poco absuelven a violador”, La Unión de Morelos, 16 de julio de 2013).
Tras un juicio “exprés” plagado de irregularidades, inadecuada defensa e inapropiada administración de justicia (los exámenes periciales para demostrar si la menor fue víctima de abuso sexual no fueron anexados al expediente judicial), Víctor fue encerrado en el penal de Atlacholoaya. Procedimientos que a su entender, y a pesar de regir el estado de derecho, abren serios interrogantes acerca del Poder Judicial en Morelos.
Según denunció Víctor a funcionarios de la CDHM, “…existen fuertes indicios que hacen presumir los actos de colusión y tráfico de influencias por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción con la Fiscalía General del Estado de Morelos para impedir que se realicen actos de investigación...”, etcétera.
Hechos que, finalmente, llegaron a conocimiento de la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación a nivel federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (oficios SSPC/DG/DA/0176/2019), y del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, sin respuesta en sentido alguno. Porque “…al llegar al Poder Judicial del Estado –según el acusado– son desatendidos toda vez que implican a funcionarios de la fiscalía anticorrupción y sus familiares…”
¿“Presunción de inocencia”? Fantástico principio jurídico. Pero en el caso de Víctor Beltrán, pesó más el dicho de Quevedo: “donde hay poca justicia, es un peligro tener razón”.
