Ciudad de México. La disyuntiva por la intención del Ejecutivo federal de desaparecer el Instituto Federal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no debe limitarse a la idea de que se está a favor o en contra del gobierno por apoyar o no ese planteamiento, por el contrario, los debates sustanciales deben centrarse en si la eliminación de ese organismo impacta o no el ejercicio de dos derechos básicos: acceso a la información y protección de datos personales.

Así se expuso este miércoles durante el foro digital Por el derecho a saber, transparencia y sociedad civil, en el que participaron especialistas en la materia y que fue convocado por la Red por la Rendición de Cuentas (RRC).

Alfredo Elinzondo, coordinador del Programa de Iniciativas Estratégicas de la organización Gestión Social y Cooperación, señaló que la desaparición del INAI tendría un impacto negativo entre la ciudadanía, pues esa decisión trascenderá sexenios. “Esto afectará a los opositores y a quienes estén en favor del actual gobierno o de los subsecuentes”.

Jorge Alberto Alatorre, miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, consideró falaces los argumentos en el sentido de que el ciudadano común no recurre al sistema de acceso a la información y por tanto no es benéfico para la sociedad.

“No es así, porque la información que solicitan medios de comunicación, instituciones académicas o activistas, al revelarse, tienen un impacto social indudable”, remarcó.

Lourdes Morales, directora de la RRC, mencionó que probablemente en los próximos días se presente la iniciativa de Ley para reformar el INAI y otros organismos autónomos, pero el riesgo no sólo es su posible desaparición, sino que se detenga el proceso para consolidar el Sistema Nacional de Transparencia.

“Hay una posible violación a un derecho, el derecho a saber. Y es una decisión que se quiere tomar más sobre una intencionalidad política que por un diagnóstico. Sabemos que no es ahorro, hubo un momento donde se pudo haber decidido sobre la canalización de recursos para los más afectados por la pandemia de Covid-19 y no se movió un ápice del presupuesto público. No se trata tampoco de mejorar la institucional, porque se apuesta a que la Secretaría de la Función Pública (sea la que atraiga las funciones del INAI), pero esa secretaría es una de las dependencias que más reserva información y no cumple con sus obligaciones de transparencia”, explicó la académica.

De hecho hay pendientes para la consolidación del sistema de transparencia, como el proceso para mejorar “el acceso horizontal” a la información, pues a pesar de las reformas en la materia y de las instituciones garantes, no se ha concretado ese paso. Pero descartó que la desaparición del INAI sea la mejor opción para alcanzar este objetivo, agregó.

Janet Oropeza, coordinadora de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar, mencionó que en los gobiernos se dan tendencias regresivas en los derechos fundamentales, por lo que toca a la sociedad civil estar atenta para reaccionar ante ese tipo de medidas.

Si bien las distintas organizaciones sociales del país pueden tener estrategias y objetivos diferentes, las reformas que se pretenden impulsar en materia de transparencia y acceso a la información deben orillar a la articulación de estas organizaciones, comentó.

Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, dijo que no es que el INAI sea una institución costosa e ineficiente para su labor, sino por el contrario, son las dependencias obligadas (instancias de gobierno, partidos políticos, sindicatos, órganos autónomos, poderes legislativo y judicial) los que no colaboran con la transparencia.

“La falta de transparencia no es una responsabilidad de los órganos garantes, como en INAI o los institutos estatales en la materia, sino de los sujetos obligados. Son las propias entidades gubernamentales, parte de ellas encabezadas por el Ejecutivo, las que no aportan u omiten entregar la información”, explicó.