Londres. Los países del G-7, así como la Unión Europea, condenaron ayer la aprehensión “por motivos políticos” del líder opositor ruso Aleksei Navalny, y pidieron su “liberación inmediata e incondicional”, así como la de sus partidarios detenidos el sábado durante manifestaciones en Rusia.
En declaración conjunta emitida por Londres, que preside este año el bloque, los jefes de las diplomacias británica, estadunidense, francesa, alemana, italiana, japonesa y canadiense afirmaron estar “unidos” en su condena a la detención y el arresto por motivos políticos de Navalny.
En la declaración, que también fue firmada por el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, los cancilleres de las naciones del G-7 se declararon “preocupados en extremo por la detención de miles de manifestantes pacíficos, así como de periodistas”, el pasado sábado durante las movilizaciones de respaldo al opositor, y pidieron su liberación.
“La represión de la policía contra el derecho de todos a expresar sus opiniones es inaceptable”, afirma la declaración.
“Estos acontecimientos confirman la continua tendencia negativa a reducir el espacio para la oposición, la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y las voces independientes en Rusia”, añade el texto.
Navalny fue envenenado a finales de agosto con una sustancia neurotóxica. Tras una convalecencia de cinco meses en Alemania, regresó a Rusia el 17 de enero, y de inmediato fue detenido como parte de uno de los varios procesos judiciales que hay abiertos contra él.
Para exigir su liberación, miles de personas se manifestaron el sábado en Rusia, sobre todo en ciudades que no suelen ser muy movilizadas.
Según el recuento de la ONG OVD-Info, fueron detenidos unos 3 mil 900 manifestantes y se abrieron unas 15 causas penales, que conllevan fuertes sanciones.
“Seguiremos vigilando de cerca la respuesta de Rusia a los llamados de la comunidad internacional para que libere a Navalny y a los manifestantes y periodistas detenidos, y para que se lleve a cabo una investigación penal sobre el envenenamiento” que sufrió el opositor, advirtieron los cancilleres del G-7.