Toluca, Mex. El Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional del Estado de México instaló este miércoles el Parlamento Abierto mediante el cual recogerán las propuestas de la sociedad civil para la elaboración de un nuevo marco normativo en la entidad.
A la fecha se han inscrito para participar más de 330 organizaciones sociales y solo hoy participaron vía remota más de 77 representantes de diversos sectores que comenzaron a verter propuestas para la nueva constitución local.
A finales del año pasado, la Legislatura del Estado de México creó un grupo de especialistas para integrar este secretariado técnico que se encargará de coordinar todos los trabajos para la elaboración de una nueva constitución local.
El grupo fue integrado de forma plural por académicos, doctores en derecho, especialistas en transparencia y rendición de cuentas, y el ex presidente de la Instituto de Administración Pública de la entidad, Mauricio Valdés quien encabeza el secretariado.
Posteriormente se formó un grupo con integrantes de los tres poderes, (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) además de dirigentes partidistas y titulares de organismos autónomos, y luego otro con alcaldes y ex alcaldes de municipios mexiquenses.
“Todo esto nos va a llevar un texto muy innovador y en todo el país no creo que vaya haber un texto constitucional del nivel que se va a generar aquí en el estado de México porque estamos tocando todas las aristas de la vida social y política del estado”, dino Rubén Islas, secretario técnico del la mesa de Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional.
Mauricio Valdés Rodríguez, coordinador general del Secretariado, recordó que la actual Legislatura es diferente a las anteriores, pues tiene una mayoría distinta al grupo gobernante y se ha esforzado en cumplir con la misión de expresar la voluntad popular.
“Vamos a ir avanzando porque las cámaras legislativas son instituciones que tienen encomendado hacer vigente la voluntad popular. ¿hay problemas en el Edomex y municipios?, sin duda, pero qué idea tenemos para erradicar las malas prácticas, para mejorar las condiciones de vida, los principios constitucionales, para incorporar valores en la Constitución y dar oportunidad a quienes tiene experiencia y conocimiento y no son legisladores”, detalló Valdés.
Ricardo Sodi, presidente del Tribunal Superior de Justicia, propuso que en el Parlamento se garantice la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y el uso de la tecnología, y quedar abiertos a la supervisión por parte de los ciudadanos, como hoy lo impulsa en el Poder Judicial a través del Observatorio Ciudadano.
A lo largo de más de tres horas, en el salón Benito Juárez en el Congreso local, intervinieron representantes de organizaciones de mujeres, jóvenes, religiosos, de apoyo a la infancia, empresarios, abogados, notarios y campesinos, quienes reconocieron la apertura de la Legislatura local, para que se escuche su voz y propuestas.
En su intervención, Sergio Osorio, presidente Nacional de la Asociación Política Nacional “Por Un Mejor País”, explicó que para el estudio de las reformas concernientes al ámbito constitucional en la entidad, se requiere de un análisis serio de las facultades que actualmente tienen los municipios, para con ello otorgarles mayor autonomía, en el entendido que la falta de reformas en la materia ha sido una de las causas de aumento de la pobreza en la entidad.
Pidió que durante los trabajos se contemplen en reformar los canales de participación que tienen los ciudadanos, los cuales históricamente han tenido obstáculos para ejercer el derecho a la organización y manifestación en el estado, evitando con ello que la participación ciudadana sea un pilar en temas fundamentales como lo es la Seguridad Pública.
Las organizaciones de mujeres coincidieron en generar mejores políticas públicas, y un trabajo coordinado entre autoridades, para erradicar los distintos tipos de violencia y el acceso a la justicia.
Laura González, del Consejo Coordinador Empresarial en la entidad se pronunció porque este ejercicio pueda recoger de manera efectiva las necesidades de todos los sectores, que dé certidumbre y transparencia para concretar una reforma constitucional necesaria, ante una realidad adversa para los próximos años en el ámbito social, económico y político.