Ciudad de México. Una finca en San Andrés Totoltepec, Tlalpan, con valor estimado en 23 millones 158 mil 746 pesos sólo por la superficie del terreno, llevó a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos a iniciar una carpeta de investigación en contra del diputado federal Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Partido del Trabajo.

En la indagatoria entregada a la Cámara de Diputados para que proceda con la solicitud de su desafuero, se informó también de la compra de un inmueble en Eje 8 Sur, colonia Santa Cruz Atoyac, valuado en 7 millones 501 mil 164 pesos con 83 centavos, así como otro en avenida Cuauhtémoc, colonia Letrán Valle, por 3 millones 900 mil 238 pesos con 62 centavos, ambos en Benito Juárez. La inversión en estas tres propiedades suma 34 millones 560 mil 149 pesos.

De 2012 a 2015, cuando fue jefe delegacional de Coyoacán, y de 2015 a 2018, cuando fue diputado local del PRD, aumentó de manera inexplicable su patrimonio, por lo que el Ministerio Público solicitó a la Contraloría General sus declaraciones patrimoniales desde 2006.

La entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y la Cámara de Diputados firmaron contratos con la empresa Información Integral 24/7, de la que es accionista, aunque en su declaración aparece como cero por ciento su nivel de participación.

Uno de los contratos con la ALDF, con validez del primero de enero al 30 de septiembre de 2018, por un millón de pesos, fue con el fin de difundir las actividades de la Asamblea de manera impresa y digital.

El 25 de marzo pasado se firmó un contrato con la Cámara de Diputados por 60 mil 452 pesos para difundir información referente a la encuesta nacional “Clic por la Igualdad entre Hombres y Mujeres”.

Su relación con esa empresa es parte de su declaración patrimonial del año pasado, donde apenas reconoce dos departamentos –que suman más de 6 millones de pesos que se pagaron el mismo día–, en contraste con su remuneración anual de 1.3 millones de pesos.

El Registro Público de la Propiedad y del Comercio informó que tiene tres inmuebles: la finca, que en febrero de 2011, de acuerdo con un dictamen en materia de arquitectura e ingeniería civil, tenía un valor de 16 millones 79 mil pesos y aumentó el año pasado a 23.1 millones de pesos.

Así como dos departamentos con valor de 11.4 millones de pesos, que distan de los poco más de 5 millones asentados en su declaración del año pasado, por lo que la Contraloría General ya había presentado una denuncia por enriquecimiento ilícito.

Mientras, en la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que remitió los estados de cuenta de tres instituciones de 2012 a 2019, Toledo tenía 20 millones 826 mil 611 pesos con 34 centavos.

La remuneración neta en sus declaraciones patrimoniales, sin embargo, fue de 9 millones 406 mil 624 pesos, por lo que existe una diferencia de 11 millones 419 mil 987 pesos que no declaró, de acuerdo con la investigación realizada por la fiscalía.

Fuentes de la administración capitalina señalaron que “la compra de esas propiedades está muy lejos de sus ingresos, por lo que se irá a fondo y se demostrará en el proceso que se lleve en la Cámara, que incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito, y será juzgado”.

Por su parte, trabajadores y vecinos de Coyoacán llamaron a la Fiscalía General de Justicia a ejercer acción penal contra siete ex funcionarios que le ayudaron a “enriquecerse ilícitamente y de paso se beneficiaron también de las corruptelas”.

Ramón Flores, Salvador Frausto, Fernando Covarrubias, Alejandro Orozco, Armando Jiménez, Rodrigo Méndez Arriaga y Ramón Gildardo Flores Ramírez, desde diversos cargos en la delegación se enriquecieron y cometieron actos de corrupción, aseguraron.

“No prejuzgamos”

En tanto, legisladores federales de Morena se pronunciaron por desaforar a Mauricio Toledo . En reunión privada, Aleida Alavez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, enunció las pruebas del delito del probable enriquecimiento ilícito del ex delegado de Coyoacán y ex asambleísta del PRD.

Pablo Gómez Álvarez, presidente de la Sección Instructora, aclaró que no impera un ánimo de venganza: “no prejuzgamos”, y aseguró que habrá jurado de procedencia en el pleno camaral para abordar tres casos, entre ellos el de Toledo Gutiérrez.

La bancada mayoritaria en San Lázaro aguardará el resultado del trabajo de la Sección Instructora para definir el respaldo a la decisión que ahí se genere.

En un encuentro virtual convocado por el coordinador de esa bancada, Ignacio Mier, su compañera de bancada Aleida Alavez ratificó los señalamientos de la procuradora capitalina, Ernestina Godoy: “Se logró acreditar el delito de enriquecimiento ilícito. Hay muchas cosas más. Lamentablemente han agraviado a la ciudad en corrupción, en violencia. Él es un político muy violento en todos los sentidos, física y verbalmente. Este enriquecimiento ilícito llega a grados deveras muy insultantes para el erario de la Ciudad de México. Por ello, la solicitud es que acordemos el desafuero de este diputado.”