Chilpancingo, Gro., Representantes de organizaciones de derechos humanos dieron a conocer a funcionarios de seis embajadas, así como a la delegación de la Unión Europea (UE) en México, “la grave situación en la que se encuentran los defensores de esas garantías y los periodistas frente al contexto de macrocriminalidad que impera en el estado de Guerrero”, informó ayer el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

“Se llevó a cabo un encuentro virtual con familiares de víctimas, organizaciones acompañantes y miembros del cuerpo diplomático (de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Irlanda y Austria, y la delegación de la Unión Europea en México) con el objetivo de informar a actores internacionales en particular sobre la profundización de la crisis de desaparición que vive la entidad”.

A nombre del Frente Popular de la Montaña (FPM), Juan Sánchez Gaspar exigió justicia por la desaparición y asesinato de Arnulfo Cerón Soriano; por el Centro de Derechos Humanos José Morelos y Pavón, su directora, Teodomira Rosales Sierra, detalló cómo “el acompañamiento de su organización a las víctimas de desplazamiento forzado en la región de Chilapa de Álvarez le llevó a recibir amenazas por parte de diferentes actores, obligando a varios integrantes de la misma a salir de la entidad.

Un representante de La Jornada explicó cómo el ejercicio del periodismo en la entidad se ha vuelto en muchas partes imposible ante la colusión entre crimen organizado y autoridades de los diferentes niveles.

En un segundo bloque, Gema Antúnez Flores, del Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera, de Chilpancingo, contó cómo se enfrentan al “nulo acceso a la verdad y a la justicia, como para sobrevivir en el día a día en medio de la pandemia”.

En tanto, integrantes del Colectivo Luciérnaga, una luz en la Oscuridad, de Tlapa, narraron cómo juntos “han aprendido a armarse de valor para emprender la búsqueda de sus familiares en una región cada vez más controlada por el crimen organizado”.

Al final, familiares de víctimas de desaparición forzada reiteraron “su exigencia de justicia a nivel internacional frente la impunidad”. Tita Radilla, hija del defensor Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido por el Ejército en 1974, durante la guerra sucia; Norma González, esposa del maestro indígena Gregorio López Alvarado, desaparecido en 1996 por el Cisen, y Cristina, madre de uno de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en Iguala.

Los representantes de las embajadas agradecieron a los denunciantes “sus fuertes testimonios”.