Buenos Aires. El presidente argentino Alberto Fernández dispuso mediante un decreto la prórroga por 90 días de la normativa que prohíbe los despidos y extiende la obligatoriedad del pago de una doble indemnización, al ampliar la declaración de emergencia ocupacional hasta el 31 de diciembre de este año ante la pandemia del coronavirus. Los precios al consumidor se disparan mientras el gobierno enfrenta una guerra de desgaste que desarrolla la ultraderecha más radicalizada de la oposición.

Mediante el decreto emitido, las empresas privadas no podrán despedir empleados sin causa justa “ni por razones de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo, como ya está vigente”. También se congelan por tres meses más los montos del pago de rentas. Esto provocó una reacción negativa de la Unión Industrial Argentina, mientras que las centrales sindicales apoyan la decisión gubernamental.

El mandatario recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V después que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica habilitó su uso en pacientes mayores de 60 años y luego se comunicó telefónicamente con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, para hablar sobre los desafíos que enfrenta el país, y sostuvo que se acordó continuar trabajando en un programa diseñado y conducido por Argentina, que cuente con el apoyo del organismo”

En tanto la guerra de desgaste continúa aquí, tanto por medio de la prensa ligada a la oposición más radical y en sectores judiciales, entre los que figuran jueces nombrados ilegalmente por el pasado gobierno de Mauricio Macri.

En las últimas horas la polémica ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich protagonizó un hecho grave en una zona balnearia de la provincia de Buenos Aires, cuando llamó a un grupo de policías que cuidaba la zona, los que uniformados y armados se cuadraron delante de ella, que los saludó como si aún estuviera en su cargo.

Fue inevitable que esto recordara que en septiembre pasado un grupo de policías bonaerenses armados y uniformados, utilizando además camionetas y patrulleros rodeó la residencia presidencial de Olivos, donde estaba el presidente Fernández y algunos ministros, en una actitud que provocó el rechazo de la mayoría de los sectores políticos, en un país que sufrió tantos golpes de Estado en el siglo pasado. Fue un momento de fuerte tensión en todo el país.

Lo sucedido con Bullrich ahora llevó a una investigación en la policía de la provincia de Buenos Aires, ante el reclamo de diversas organizaciones del peronismo, y de quienes especulan que esta escena fue “preparada”.

Se recuerda que Bullrich apoyó a policías y fuerzas de seguridad ante gravísimos hechos, dándole incluso vía libre para disparar en diversas circunstancias. “Todo esto fue azuzado por el sistema multimediático que controla a la Justicia y pervierte al periodismo convirtiéndolo en un vulgar servicio de propaganda y chantaje” advierten analistas aquí “porque lo mismo puede suceder a corto o mediano plazo, sobre todo si no se toman medidas drásticas con urgencia”.

También se ha dicho que “en democracia no se puede negociar con quienes se sublevan. Y menos cuando se tiene detrás una historia como la nuestra. De lo contrario, mañana los uniformados le van a hacer la venia a cualquier milico que se lance a cambiar la cerradura de la Casa Rosada” advierten entre otros analistas el escritor Mempo Giardinelli.

Escándalo opositor

Por otra parte, se investiga si el subsecretario de Programación Macroeconómica, Maximiliano Ramírez figuraba, sin saberlo, en el registro oficial de quienes financiaban al macrismo con una donación que jamás realizó.

Esto se añadiría al juicio inconcluso a importantes funcionarios de la alianza derechista Cambiemos (Juntos por el Cambio), por el apoderamiento de datos personales, incluyendo de indigentes, que fueron utilizados por los responsables de la campaña electoral para justificar supuestas “donaciones” en las legislativas 2017 en un escándalo que creció y todavía deja consecuencias.