Washington. El presidente Joe Biden, quien estimó que la pandemia de Covid-19 dejará “más de 600 mil” muertos en Estados Unidos, firmó ayer dos decretos de emergencia para ofrecer asistencia financiera a millones de estadunidenses que cayeron en la pobreza durante esta crisis sanitaria, mientras el Congreso inicia los debates sobre el paquete de 1.9 billones de dólares para ayudar a los afectados por la pandemia.

Las dos órdenes ejecutivas aumentan la ayuda alimentaria –como la destinada a los niños que dependen de las comidas escolares como fuente principal de nutrición–, protegen a los desempleados y allanan el camino para que los funcionarios federales o contratistas obtengan un salario mínimo de 15 dólares por hora.

En sus primeros días como jefe de la Casa Blanca, Biden destacó que el gobierno debe abordar la crisis sanitaria con urgencia, después de que su predecesor republicano, Donald Trump, le restó importancia. El demócrata aseguró que su paquete de estímulos para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia cuenta con el apoyo de empresas, trabajadores, Wall Street y Main Street.

Con hambre, 30 millones

“Uno de cada siete hogares en Estados Unidos, más de uno de cada cinco hogares negros y latinos, informa que no tienen suficiente alimento. Esto incluye a 30 millones de adultos y hasta 12 millones de niños”, señaló desde la Casa Blanca, y agregó: “Esto es trágico, es innecesario, es inaceptable”.

Resaltó: “Estamos en 400 mil muertos y se espera que superemos los 600 mil. Las familias pasan hambre. Las personas corren el riesgo de ser desalojadas. Las pérdidas de empleo vuelven a aumentar. Necesitamos actuar”. Dijo que está listo para trabajar con ambos partidos en el Congreso para “avanzar rápidamente” en la adopción del paquete económico de 1.9 billones de dólares revelado la semana pasada.

“Gran parte de Estados Unidos está sufriendo. El virus se está expandiendo. Las familias están pasando hambre. La gente corre el riesgo de ser desahuciada. La pérdida de puestos de trabajo vuelve a aumentar. Tenemos que actuar. Se mire como se mire, tenemos que actuar”, sostuvo.

Con las escuelas cerradas por la pandemia, unos 12 millones de niños ya no disponen de alimentos y unas 600 mil personas perdieron sus trabajos docentes, según cifras oficiales. Las filas para los comedores populares han aumentado y los bancos de alimentos están rebasados, incluso en los barrios acomodados de la capital federal.

Biden pedirá al Departamento de Agricultura que amplíe y flexibilice la asistencia a personas y familias de bajos ingresos y sin ingresos, que remplazó al programa de cupones de alimentos para obtener productos en tiendas autorizadas. También prevé aumentar en 15 por ciento el dinero que el gobierno deposita en las tarjetas Electronic Benefit Transfer para compensar la falta de alimentación escolar. Actualmente se ingresan hasta 5.7 dólares diarios por niño.

Brian Deese, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, subrayó que los decretos no sustituyen el estímulo adicional que según Biden es necesario más allá de los 4 billones de dólares de ayuda ya aprobados, incluidos 900 mil millones en diciembre. “Casi 30 millones de estadunidenses sufren por no tener suficiente para comer”.

Varios legisladores republicanos han declarado su oposición a ciertas disposiciones del plan del presidente de hacer pagos directos a individuos, ayuda a los gobiernos estatales y locales y un salario mínimo nacional de 15 dólares por hora.

Los nuevos decretos se suman a las 17 órdenes ejecutivas que el presidente firmó el día de su investidura y las 10 del día siguiente. La batería de medidas toca los principales puntos de la agenda de la campaña, incluida la reforma migratoria.

Legisladores republicanos y grupos conservadores se opusieron desde el martes al plan de inmigración del nuevo gobierno por considerarlo una amnistía a gran escala para personas que viven sin autorización en el país, lo cual pone de relieve que la medida enfrenta una difícil batalla en un Congreso donde los demócratas tienen mayoría exigua. Tan sólo el estado de Texas entabló ayer una demanda para impedir que el presidente Biden aplique una moratoria de 100 días a las deportaciones, en una de las primeras acciones jurídicas contra el nuevo gobierno.

El juicio al magnate arranca el 8 de febrero

Todo esto sucede mientras el Senado se prepara para enjuiciar la semana del 8 de febrero a Trump, acusado por la Cámara de Representantes de incitar a partidarios a asaltar el Capitolio el 6 de enero para evitar que se certificara la victoria electoral de Biden. Este es el segundo proceso que enfrenta.

“Se realizará un juicio en el Senado y se votará si condena o no al (ex) presidente”, aseguró el líder de la mayoría demócrata de esta cámara, Chuck Schumer. La Constitución de Estados Unidos señala que se requiere el voto de dos tercios del Senado para condenar a Trump.

Según el calendario, la Cámara de Representantes transmitirá el artículo de juicio político contra Trump el lunes, y los procedimientos iniciales arrancarán el martes. A partir de ahí, el equipo legal del magnate tendrá tiempo para preparar el caso antes de que comiencen los argumentos iniciales en febrero.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, “me informó que los cargos van a ser enviados al Senado el lunes”, agregó Schumer en un debate en el hemiciclo, que desestimó críticas de republicanos, quienes aseveran que Trump no puede ser sometido a juicio político porque no está en el poder.

Biden saludó ayer la aprobación del Senado al nombramiento del general retirado Lloyd Austin, quien se convirtió en el primer secretario de Defensa afrodescendiente. Se espera la confirmación de otros dos puestos clave: los secretarios de Estado, Antony Blinken, y del Tesoro, Janet Yellen, quien será la primera mujer en el cargo.

Austin fue aprobado por 93 votos a favor por sólo dos en contra a pesar de las reticencias de algunos senadores, tanto demócratas como republicanos, sobre la confirmación de otro general recientemente retirado para dirigir el Pentágono.

Austin, quien se retiró del ejército en 2016, no cumplía los siete años pertinentes fuera de servicio para optar al cargo hasta que las dos cámaras del Congreso votaron este jueves una nueva exención para el beneficiado, el segundo general de cuatro estrellas que la recibe en cuatro años después del primer jefe del Pentágono de Trump, el general retirado de la Marina Jim Mattis.

En el terreno internacional, Rusia y Estados Unidos dieron un paso hacia la prolongación in extremis por cinco años del tratado para el desarme nuclear New START, después que el Kremlin “saludó” la propuesta en este sentido de Biden.

“Sólo podemos recibir con agrado la voluntad política de prolongar este documento”, a pocos días de su expiración el 5 de febrero, dijo a los periodistas el portavoz de Vladimir Putin, Dmitri Peskov. Aunque agregó que la renovación del pacto dependerá de los “detalles de la propuesta”, que deben ser estudiadas.

La administración anterior quería condicionar la renovación del tratado. Sin embargo, “varias de esas condiciones no nos convenían en absoluto, así que veamos primero qué proponen los estadunidenses y luego comentaremos”, dijo Peskov.

La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó el jueves que Estados Unidos “pretende buscar una extensión por cinco años del New START, como el tratado permite”, considerando que “esta extensión tiene incluso más sentido cuando la relación con Rusia es tan adversa como en este momento”.

En meses recientes, Vladimir Putin también se mostró favorable a prolongar el tratado cinco años, pero las negociaciones entre Washington y Moscú no dieron frutos.