Santiago. Cientos de manifestantes exigieron al gobierno de Chile la liberación de un número indeterminado de personas presas tras el estallido social de octubre de 2019.
Congregados en la céntrica plaza Baquedano de esta capital, los participantes en la protesta reclaman desde hace meses y cada vez con mayor fuerza la liberación de quienes permanecen en prisión preventiva por participar en las protestas y en muchos casos sin causas conocidas aún. La mayoría de ellos son jóvenes.
Desde hace días, la convocatoria a la manifestación circuló por redes sociales y este viernes, pasadas las 17:30 hora local, cientos de personas acudieron a la explanada bautizada durante la revuelta como Plaza de la Dignidad.
De inmediato las fuerzas policiales que custodian de forma permanente el monumento al general Manuel Baquedano intentaron dispersar con chorros de agua a los participantes, que finalmente lograron copar la rotonda.
Portando banderas y pancartas en las que se reclama la libertad de los presos del estallido social y se exige la renuncia del presidente Sebastián Piñera, los manifestantes avanzaron por la Alameda Bernardo O’Higgins, principal arteria de la ciudad, en dirección al palacio de La Moneda.
A la altura del cerro Santa Lucía también se congregaron personas que se dirigían a la sede presidencial. En la confluencia de la Alameda con el paseo Ahumada, un contingente de fuerzas especiales de Carabineros cerró la avenida con altas vallas para evitar el paso de manifestantes.
Por otra parte, el ex juez chileno Juan Guzmán, primer magistrado que procesó a Augusto Pinochet por crímenes de lesa humanidad en su dictadura (1973-1990) murió ayer a los 81 años.
Guzmán logró reconocimiento internacional tras ser nombrado, en 1998, juez de varias querellas contra Pinochet por homicidio en la operación Caravana de la Muerte, una comitiva militar que recorrió Chile en octubre de 1973 y fusiló a decenas de prisioneros.
En medio de la investigación judicial de Guzmán, Pinochet fue arrestado en 1998 en una clínica de Londres por orden del juez español Baltasar Garzón, quien quería enjuiciarlo por asesinatos ocurridos durante su régimen. Finalmente Pinochet fue liberado en marzo de 2000 por no estar en condiciones médicas y volvió a Chile.
Tras su retorno, Guzmán logró el desafuero de Pinochet, quien en ese entonces era senador designado y vitalicio, para seguir investigándolo. Pero en 2002 la Corte Suprema estimó que una demencia moderada impedía a Pinochet defenderse ante los tribunales por los más de 3 mil muertos y desaparecidos que dejó su régimen.