El presidente municipal de Tijuana, Baja California, Arturo González Cruz, difundió un video en el cual denuncia que tanto él como el secretario de Desarrollo Económico de ese municipio, Arturo Pérez Behr, así como otros dos ex funcionarios de la Secreataría de Seguridad Pública (SSP), y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE).
González Cruz señaló que la pesquisa que le sigue la FGE es por su “probable participación” en los delitos de “homicidio calificado con premeditación y alevosía en grado de ejecución en tentativa y abu-so de autoridad”.
Acusó: “El gobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, pretende privarme de mi libertad tratando de culparme por un caso en el que no tuve ni tengo que ver”, aseguró el alcalde, quien decidió buscar la relección en el cargo para los comicios del 6 de junio próximo.
González Cruz insistió en que nada tiene que ver en el caso del que se le acusa, pero según el fiscal Juan Guillermo Ruiz Hernández se trata del asesinato de Mariano Soto, quien era administrador de la página de noticias Tijuana Sin Censura.
Lo investigan junto con otros 3 funcionarios
El presidente municipal mostró una denuncia en la que se le comunica tanto a él como al titular de Desarrollo municipal, Pérez Behr; al ex secretario de la SSP, Jorge Alberto Ayón Monsalve, y al ex director de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Geibel Bolaños Guzmán, que están siendo investigados “por su probable participación” en los delitos referidos. El munícipe comentó que el gobernador atenta contra las libertades de los cuatro y utiliza la justicia de manera facciosa para sus intereses políticos.
“El gobernador aprovecha cada oportunidad para mentir y difamarme. Ahora, en un acto arbitrario, pretende privarme de mi libertad”. Mencionó que se trata de una amenaza directa para que no participe en el próximo proceso electoral.
Acusó a Bonilla Valdez de orquestar un juego sucio y perverso y le pidió dejar de usar recursos públicos para intimidarlo y que no busque la relección.
