Entre 2018 y 2020 se perpetraron 179 feminicidios en la Ciudad de México, afirmó la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), Ernestina Godoy, al asegurar que las autoridades lograron vincular a proceso a 122 imputados, con lo que se obtuvieron 54 sentencias condenatorias.
Es decir, hasta el momento sólo se ha obtenido sanción penal para 44.2 por ciento de los responsables, pero se desconoce el estatus jurídico de otros 68 sujetos que fueron vinculados a proceso por ese delito; la dependencia no precisó la situación de los 57 feminicidios en los que, al parecer, aún no hay detenidos o indiciados.
En el mensaje semanal que difundió por medio de redes sociales, la fiscal señaló que se creó la Unidad de Tentativa de Feminicidio “para atender apropiadamente delitos que antes se calificaban como lesiones dolosas y con eso prevenir un ilícito mayor”, además de que la atención a la víctima “es rápida e inmediata”.
Agregó que para este año la FGJ tendrá la unidad de medidas de protección, lo que permitirá duplicar el número de disposiciones obtenidas para resguardo, al indicar que durante 2020 se procesaron 20 mil 643 preceptos en favor de mujeres víctimas de violencia.
CNDH pide al Congreso homologar leyes
En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emplazó al Congreso capitalino a homologar y consolidar el tipo penal de feminicidio e incorporar al de violencia familiar conductas previstas en la ley general, como la de tipo sicológico, patrimonial y económico, además de reconocer la violación entre cónyuges, sin atenuantes, así como promover mecanismos que aseguren la asignación de recursos suficientes con los que se garantice el acceso de mujeres, niñas y adolescentes a una vida libre de violencia y prohibir el encapsulamiento como práctica policial para el control de manifestaciones.
Lo anterior es parte de la recomendación general sobre violación al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a personas víctimas directas e indirectas de feminicidios y otras violencias, que la comisionada María de Rosario Piedra Ibarra notificó a la presidenta de la mesa directiva, Margarita Saldaña Hernández, y si bien no requiere ser aceptada, deberá informar al organismo sobre las acciones que se apliquen.
