Organizaciones y redes de la sociedad civil de Centroamérica, México y Estados Unidos exigieron a los gobiernos de la región garantizar que su respuesta a la población migrante, cuyo éxodo fue detenido en los límites entre Guatemala y Honduras, sea con pleno respeto a los derechos humanos y al derecho al asilo y al refugio.

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En un pronunciamiento colectivo, más de dos centenares de organizaciones expresaron también su preocupación por una serie de políticas y acciones de los gobiernos de la región, que “ponen en riesgo la seguridad, el bienestar y la vida de la población migrante, al tiempo que limitan la posibilidad de buscar protección internacional”.

Difundido en México por Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, el pronunciamiento señalan que si bien los anuncios hechos hasta ahora por los gobiernos de México, Guatemala y Estados Unidos hablan de la necesidad de dar una respuesta apegada a derechos humanos, lo cierto es que en la realidad el mensaje y las acciones que realizan son de contención, disuasión y criminalización de la población migrante.

“Nos preocupa que los gobiernos basen la respuesta que darán a esta caravana en las estrategias que han seguido en el último año, cuando estas acciones han sido señaladas con preocupación por organismos internacionales”, señalan las organizaciones y redes de la sociedad civil, en la que se encuentran organismos derechos humanos, alianzas binacionales de asistencia y protección a migrantes, Casas de Migrantes, y fundaciones de apoyo a este sector, entre muchos otros grupos y asociaciones.

Además, condenaron que los gobiernos guatemalteco y hondureño hayan hecho uso de distintas corporaciones policiacas y militares para la disuasión y contención de los flujos migratorios, en acciones que han carecido de protocolos para identificar necesidades de protección y de un enfoque diferenciado por género, edad o condición de viaje.

En el caso específico de México, se exigió que sean retiradas las corporaciones militares de los operativos de control y verificación migratoria, incluyendo la Guardia Nacional y asegurar que estos se realizan por autoridades civiles.

Desde la perspectiva de las organizaciones que suscriben el pronunciamiento colectivo, el éxodo de migrantes se ha incrementado por la precariedad económica que enfrenta Centroamérica, agravada en el último año por la pandemia de Covid-19, y la devastación causada por los huracanes Eta y Iota. Aunado a ello, también está el clima de violencia generalizada y creciente represión estatal en la que vive la población.